Materias primas israelíes, boicots y la sombra del fósforo blanco: la ruta que conecta Ashdod con Cartagena

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El amanecer en la dársena de Escombreras arroja las primeras luces del día sobre el movimiento constante de grúas, tuberías y buques mercantes. Para quienes trabajan en el puerto de Cartagena, el atraque de un buque químico parece una operación rutinaria. Sin embargo, detrás de la llegada en la noche del jueves del Chemical Luna se esconde una controversia que conecta a la Región de Murcia con el conflicto palestino-israelí.

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La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y Boicot, Desinversiones y Sanciones de Murcia (BDS Murcia), alertaban esta semana de la llegada este viernes al puerto cartagenero de un nuevo cargamento de ácido fosfórico procedente de Israel. Denuncian que la multinacional Israel Chemicals Limited (ICL) sigue introduciendo en España, a través de la Región de Murcia, materias primas procedentes de territorios ocupados, una actividad que consideran incompatible con el derecho internacional y con las medidas adoptadas por el Gobierno español.

Según la información recopilada por ambos colectivos a partir de registros portuarios y plataformas de seguimiento marítimo, el buque Chemical Luna, con bandera de Malta y procedente del puerto israelí de Ashdod, tenía prevista la descarga de 2.010 toneladas de ácido fosfórico en Escombreras. Una operación que ha vuelto a situar en el centro de la polémica a ICL Group, uno de los gigantes mundiales de la industria química y de fertilizantes, cuya presencia en la Región de Murcia es mucho más relevante de lo que podría parecer a simple vista.

ICL Group es uno de los mayores productores mundiales de fertilizantes y el sexto productor global de potasa. ICL aporta anualmente aproximadamente 14.900 millones de ILS —nuevo séquel, la moneda oficial de Israel— a la economía israelí (cerca de 4.100 millones de dólares americanos). Una cifra que representa cerca de un 1,2% del PIB total de ese país y aproximadamente el 15% del PIB de la región del Néguev, donde se concentra su actividad industrial. El mismo lugar donde organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando demoliciones masivas de viviendas y planes de traslado forzoso sobre las comunidades beduinas autóctonas.

Esta multinacional israelí, que opera en numerosos países, también mantiene una importante estructura empresarial en España a través de su filial ICL Iberia. Su principal centro de producción y distribución en el país se encuentra en Totana, mientras que Cartagena constituye una pieza clave para la entrada de materias primas destinadas a la fabricación de fertilizantes.

La conexión murciana no termina ahí. La empresa utiliza habitualmente las instalaciones portuarias de Escombreras para recibir cargamentos químicos procedentes de Israel. Según las denuncias reiteradas por BDS Murcia, durante el último año han llegado más de quince barcos con productos similares desde el puerto de Ashdod, con una frecuencia aproximada de una embarcación al mes.

Las descargas son realizadas por Fomento y Desarrollo Agrícola (FOMDESA), empresa integrada en el grupo ICL y con instalaciones situadas en el propio recinto portuario de Cartagena, donde también se encuentran algunas de las infraestructuras logísticas vinculadas a la actividad de la multinacional.

Para los colectivos propalestinos, esta cadena logística convierte a la Región de Murcia en una de las principales puertas de entrada en España de materias primas extraídas en territorios cuya explotación es objeto de controversia jurídica internacional.

La principal denuncia de RESCOP y BDS Murcia gira en torno al origen de los materiales comercializados por ICL. Diversas organizaciones de derechos humanos y plataformas de investigación han señalado durante años que la compañía obtiene parte de sus recursos minerales en zonas vinculadas a la cuenca norte del Mar Muerto y otros territorios sometidos a ocupación israelí. El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) ha llegado a calificar a ICL como una empresa cómplice de la ocupación palestina debido a su actividad extractiva en estas áreas y a sus conexiones corporativas con la industria militar israelí.

Según la documentación difundida por los colectivos, el ácido fosfórico transportado por el Chemical Luna procede de ICL Rotem, una filial que opera en el desierto del Néguev. Los activistas sostienen que parte de los recursos explotados por la compañía están vinculados a territorios palestinos ocupados y que la extracción de minerales y el aprovechamiento de recursos hídricos en esas zonas vulneran el derecho internacional.

“Estamos hablando de materias primas cuya rentabilidad depende directamente de una situación de ocupación que ha sido condenada reiteradamente por Naciones Unidas”, afirma Miguel Velázquez, miembro de BDS Murcia. “No es un comercio neutral. Son recursos obtenidos en un contexto de desposesión del pueblo palestino y transformados después en beneficios empresariales”.