Los fabricantes de extintores de la Región de Murcia y sus empresas auxiliares han iniciado una ofensiva parlamentaria en las instituciones europeas para acabar con ... la competencia desleal de terceros países en el mercado comunitario de sistemas de extinción de incendios. La Comunidad concentra una importante parte de esta industria a nivel estatal, y su protesta por el trato fiscal desigual en materia de emisiones contaminantes que reciben por parte de la Unión Europea ya ha logrado colarse en los despachos de Bruselas.
El Sistema de Comercio de Emisiones (conocido como ETS por sus siglas en inglés o RCDE en la Unión Europea) es una política de mercado que establece un límite máximo a las emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar su reducción progresiva, y todo bajo el principio de 'quien contamina paga'. Las instalaciones industriales que generan una expulsión intensiva de carbono -tales como el acero, el aluminio, el cemento y los fertilizantes- deben asumir un coste directo por tales contaminantes si su producción se ubica en uno de los países miembros.
Sin embargo, para no generar distorsiones competitivas con las importaciones extracomunitarias, la Unión Europea aprobó en 2023 el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) -que se aplica desde este año de forma definitiva-, un arancel verde que se fija en la aduana a estas mismas materias primas. Sin embargo, el diseño actual de esta normativa ha generado una grave asimetría impositiva que desprotege a los fabricantes europeos de productos terminados del sector secundario, más concretamente, a los productores de extintores.
Las materias primas como el acero y aluminio representan más del 90% del peso de estos productos apagafuegos
La llegada de estas mercancías de China o India como un producto finalizado está libre de cargas «al no estar incluidas en el ámbito de aplicación del CBAM, es decir, el importador que trae extintores de terceros países no tiene que pagar ese impuesto», explica a esta redacción Francisco Chacón, gerente de la empresa Chacón e Hijos Troquelados S.L. en Beniaján (Murcia), dedicada a la fabricación de envases metálicos para extintores e impulsor de la iniciativa parlamentaria que busca gravar, en condiciones de igualdad, aquellos productos destinados a la lucha contra el fuego que lleguen de fuera del continente.
El problema radica en que el código arancelario del extintor terminado (y cargado) no está incluido dentro del alcance del mecanismo fiscal de emisiones de carbono. Las materias primas sujetas tanto al sistema tributario europeo como al de terceros países (acero y aluminio, principalmente) representan más del 90% del peso de estos productos. Los fabricantes europeos se ven obligados a asumir este sobrecoste, ya sea porque compran el metal a proveedores de la UE (que asumen el ETS) o porque lo importan directamente de fuera (pagando el CBAM). Esto provoca un incremento en sus costes de producción y, por ende, en su precio de venta.
«Si nosotros pagamos un euro, el extintor que viene de China o de India debe pagar también un euro en concepto de emisiones de carbono. Pedimos simplemente un trato igualitario», ejemplifica Chacón. El fabricante ha logrado crear una alianza empresarial nacional e internacional en torno a la próxima reforma del reglamento que la UE va a acometer del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono para incluir nuevas mercancías que estarán sujetas a este impuesto a partir de 2028.
El empresario explica que la postura de los fabricantes europeos «no pretende suspender ni debilitar» este sistema de gravámenes, sino conseguir un «trato equitativo» respecto a estos costes que asumen las compañías dedicadas a elementos de extinción de incendios. Grandes compañías europeas como la italiana Anaf Fire Protection, la alemana Gloria GmbH y la francesa Desautel -junto a otras cinco firmas de territorios como Bélgica, Austria y Polonia, entre otros- han firmado el manifiesto.
No obstante, el núcleo de apoyo nace en la Región de Murcia, que tiene la mayor concentración de fabricantes de extintores del país. Hasta seis empresas locales impulsan la propuesta con el beneplácito de otras sociedades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón o Andalucía.
A esta lucha legislativa en Bruselas se ha sumado el Gobierno murciano. «Son los únicos que nos han abierto las puertas», reconoce Francisco Chacón. A principios de mes, el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, llevó a cabo varios contactos con eurodiputados en la capital comunitaria con el fin de influir en la revisión prevista del mecanismo de emisiones, que culminará este año. El Grupo del Partido Popular Europeo ha preparado enmiendas para que la Comisión y el Parlamento acepten estos cambios que pide el sector.
«La propuesta se enmarca en el debate abierto en la Unión Europea sobre la posible ampliación del CBAM a productos transformados. Existen precedentes recientes de incorporación de nuevos productos mediante iniciativas parlamentarias europeas», señalan fuentes de este departamento. «Actualmente, los fabricantes europeos de extintores asumen costes derivados de la normativa climática europea aplicable a materiales como el acero y otros insumos, mientras que los productos importados terminados no están sujetos a un ajuste equivalente, lo que genera una situación de desventaja competitiva para la industria comunitaria», inciden.
La patronal del metal Fremm o el sindicato Comisiones Obreras han dado su apoyo a la propuesta, que cuenta con el aval del Ministerio
La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) y del sindicato Comisiones Obreras. El Ministerio para la Transición Ecológica también habría mostrado su disposición a empujar a favor de esta propuesta en las instituciones europeas.
La producción de estos aparatos de extinción de incendios en Europa estará marcada a medio plazo por una transformación hacia una fabricación más sostenible y con menos emisiones. Antonio Tortosa, presidente de la Asociación Española de Empresas de Protección contra Incendios (Tecnifuego) y consejero de la compañía murciana de extintores Zenith, apunta que la clave está en la trazabilidad de la materia prima. «Si la fabricación en la Unión Europea se realiza en hornos eléctricos, el acero y el hierro tendrán menor coste por la huella de carbono», al ser este método de producción menos contaminante. Para los fabricantes, Tortosa recomienda pedir a los proveedores un certificado de trazabilidad de «cómo se ha fabricado ese producto», ya que sistemas más contaminantes como el gas o el carbón tienen un mayor gravamen, y son los que se están utilizando especialmente en India.
La necesidad de actuar ahora también responde a la propia fórmula de cálculo del impuesto. Actualmente, existe un factor de reducción transitorio que bonifica el 97,5% del gravamen, por lo que el impacto económico actual es moderado. Sin embargo, este factor disminuirá progresivamente año tras año hasta llegar a cero en 2034. «Si el sector no logra modificar la ley ahora que está en fase de tramitación y enmiendas, los fabricantes europeos se enfrentarán a un escenario de inviabilidad financiera absoluta en los próximos años, sin posibilidad de renegociar una ley ya cerrada», explica el empresario murciano Francisco Chacón.
