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La sustracción de componentes de las instalaciones eléctricas no solo compromete el servicio, también expone a quienes realizan estas acciones a peligros que pueden resultar mortales. Foto: Osmay Pérez García/ Guerrillero (archivo).

Los delitos que afectan al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) provocan daños económicos y sociales que adquieren especial gravedad en las actuales condiciones del país.

Entre 2025 y el primer semestre de 2026 se iniciaron en el país más de 460 investigaciones penales relacionadas con hechos contra el SEN, fundamentalmente por los delitos de sabotaje, daño, robo con fuerza en las cosas, hurto y receptación.

Durante el programa televisivo Hacemos Cuba, especialistas del Ministerio del Interior (Minint), la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular explicaron las principales conductas delictivas identificadas y las consecuencias que pueden derivarse de ellas.

El teniente coronel Carlos Martínez González, segundo jefe del Departamento del Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado, señaló que la sustracción de aceite dieléctrico de los transformadores constituye una de las conductas que mayor atención requiere por sus repercusiones.

El fenómeno ha sido detectado en todas las provincias y en 97 municipios del país, con un incremento de las denuncias respecto al año anterior.

También se han identificado afectaciones relacionadas con paneles solares y con la sustracción de insumos de las redes de distribución, entre ellos los angulares utilizados en las torres de alta tensión.

El aceite dieléctrico cumple una función esencial en los transformadores. Su sustracción puede inutilizar estos equipos y dejar sin servicio eléctrico a comunidades enteras.

Martínez González explicó que una de las líneas de trabajo desarrolladas para enfrentar este delito consiste en detectar la presencia de aceite dieléctrico en los depósitos de combustible de los vehículos, pues esta sustancia puede ser utilizada, mezclada con otros combustibles, como carburante.

Las comprobaciones se realizan mediante procedimientos técnico-criminalísticos y con respaldo científico.

En un pesquisaje efectuado en una provincia fueron examinados 105 vehículos y 21 resultaron positivos a la presencia de aceite dieléctrico mezclado con combustible. De ellos, 18 fueron ocupados.

Según el teniente coronel, entre los casos detectados predominaban transportistas privados, aunque aclaró que ello no significa que todos los trabajadores de ese sector estén involucrados en estas conductas.

Por su parte, la fiscal jefa del Departamento en la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, Rayma Velázquez Romero, precisó que la detección de la sustancia puede dar lugar a una respuesta jurídica cuando existan elementos que acrediten la comisión de un delito.

La legislación penal cubana contempla, además de las sanciones principales, sanciones accesorias relacionadas con los bienes que hayan sido efectos o instrumentos del delito. La aplicación de estas últimas corresponde al tribunal, a partir de las circunstancias y las pruebas de cada proceso.

En el caso de los vehículos utilizados para cometer estos hechos, la responsabilidad del propietario no se presume por el solo hecho de ser el dueño.