El RENAR autorizó la destrucción de más de 13 mil chalecos antibalas vencidos: todavía hay 300 mil en depósitos de todo el país

El Registro Nacional de Armas (RENAR) autorizó la destrucción completa de 13.446 chalecos antibalas vencidos de la Policía de la provincia de Santa Fe, un procedimiento que, según los expedientes generados por el propio organismo, constituye el primero de este tipo que se concreta entre todas las fuerzas de seguridad del país.

La medida expone un problema que el Estado arrastra desde hace más de una década: la acumulación, sin destrucción efectiva, de entre 300.000 y 500.000 chalecos vencidos en depósitos de organismos públicos de toda la Argentina.

La cifra no es arbitraria. Es el cálculo estimativo que circula en el organismo a cargo de Jua Pablo Allan. El número exacto de chalecos en esas condiciones, y que se acumulan en depósitos de los organismos de seguridad se desconoce porque no todas las fuerzas y agencias de seguridad privada lo han reportado ante el organismo regulador.

Parte de ese material dado de baja ya fue hallado en circuitos ilegales, en manos de organizaciones criminales.

El RENAR, que hasta julio de 2025 se llamaba Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), tiene la potestad exclusiva y excluyente en todo el territorio nacional para autorizar y fiscalizar la destrucción de materiales controlados, conforme lo establece el artículo 5° inciso 3° de la Ley 27.192, sancionada el 22 de octubre de 2015. Sin embargo, durante más de nueve años esa función no se reglamentó de manera efectiva, según indicaron fuentes del organismo a Infobae.

Los chalecos antibalas que utilizan las fuerzas de seguridad tienen una duración certificada de cinco años, plazo fijado por el RENAR y garantizado por los propios fabricantes. Cumplido ese período, las unidades deben retirarse porque ya no puede asegurarse el nivel de protección original, aunque en buena parte de las fuerzas esa baja efectiva no llega a concretarse. Una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizada en 2024 cuando Patricia Bullrich encabezaba la cartera, detectó que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina sumaban 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, el 64% del total.

Hasta ahora no existía una norma que permitía a los legítimos usuarios, como las jurisdicciones de las que dependen las fuerzas de seguridad de todo el país tramitar la destrucción de los denominados material de usos especiales (M.U.E), como Chalecos antibalas y otras protecciones corporales; Cascos antibalas y, entre otros transparente antibalas. Por esa razón, se acumulaban cientos de miles de estos materiales en galpones y depósitos que, muchas veces, por no estar bien resguardados, terminaban en manos de los delincuentes.

También se creó un registro especial para las plantas para destrucción de M.U.Es. Estas deben cumplir una serie de requisitos y estar habilitadas y supervisadas por el RENAR y deben utilizar alguno/s de los siguientes métodos:

A. Corte: las tiras resultantes del mismo no podrán ser mayores a 10 cm de ancho por el largo del M.U.Es. para los opacos, transparentes, placas para incrementar nivel en chalecos antibalas y cascos. Respecto de los chalecos antibalas se podrán cortar los paneles balísticos y fundas por la mitad.

B. Deshilado: se debe garantizar que la totalidad del panel sometido a este proceso quede en forma de vellón o hilos separados de su confección original.

C. Triturado: el residuo resultante no debe superar los 25 cm2.

D. Fundición: La totalidad del material sometido a este proceso debe quedar disuelto.

E. En caso de proponer otro método el mismo debe ser superador a los anteriores, adecuado a la normativa vigente respecto del medio ambiente y será evaluado por el área técnica competente para su aprobación.

En todos los casos se deberá garantizar que las etiquetas identificatorias del M.U.E. queden destruidas.

El proceso de destrucción de M.U.Es. deberá contar con el aval de un profesional independiente habilitado por los organismos de protección ambiental competentes, que certifique que el mismo se realizará para proceder a la disposición final de los materiales controlados.