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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, restó dramatismo a los nuevos aranceles del 25% aplicados por Estados Unidos a las exportaciones del país sudamericano. Durante la presentación de un paquete de respaldo a las empresas impactadas, el mandatario ratificó que mantendrá las conversaciones con Washington mientras acelera la apertura de mercados alternativos para preservar el dinamismo comercial.
El jefe de Estado rechazó tomar una postura defensiva frente a las restricciones comerciales impuestas desde la Casa Blanca. "Nosotros vamos a estar en la mesa de negociación con nuestras propuestas (...) No nos vamos a poner a llorar por lo que no pudimos venderles porque vamos a buscar otros compradores", declaró Lula, quien exigió sustento técnico a las medidas de Washington tras negar reciprocidad en el diálogo bilateral.
Pese al nuevo escenario económico, el líder brasileño transmitió confianza sobre el crecimiento de la potencia latinoamericana y destacó el avance en la diversificación de socios globales. "No hay mal que por bien no venga" y "no hay crisis que impida a Brasil seguir creciendo", afirmó al subrayar que la coyuntura representa una oportunidad para operar con diferentes idiomas y divisas.
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El Gobierno brasileño anunció un paquete crediticio por 18.500 millones de reales (3.660 millones de dólares) para amortiguar el impacto de los nuevos impuestos de Estados Unidos sobre su industria. Según Reuters, la Tesorería Nacional aportará 13.500 millones y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) sumará otros 5.000 millones. Esa inyección de liquidez representa la tercera fase de un programa estatal que busca blindar la producción local frente a las barreras tarifarias norteamericanas.
Esos recursos económicos apoyarán a los productores de acero, aluminio y calzado con financiamiento enfocado en capital operativo, compra de equipos e inversiones para exportar a nuevos destinos internacionales. Las autoridades de la nación sudamericana buscan evitar el quiebre de los sectores más castigados por la política aduanera de Washington. Mediante este auxilio financiero, las firmas perjudicadas mantendrán sus operaciones operativas y diversificarán sus rutas marítimas de exportación.
A la par del rescate económico, la diplomacia de la potencia latinoamericana busca frenar nuevos gravámenes bilaterales. Márcio Elias Rosa, titular del Ministerio de Comercio, declaró a la agencia británica que la pesquisa sobre presunto trabajo forzoso debe gestionarse sin cargas impositivas extra: "Sostenemos que no debería ser acumulativa". Pese a que ambas naciones manifestaron voluntad de diálogo, la fecha para reiniciar las mesas de negociación sigue indefinida.
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Estados Unidos oficializó un gravamen del 25% sobre bienes brasileños como maquinaria agrícola, madera, etanol, calzado, muebles y azúcar. Washington justificó la sanción mediante la Ley de Comercio de 1974, al acusar al país sudamericano de prácticas desleales en servicios de pagos electrónicos, trabas al ingreso de biocombustibles y problemas de deforestación ilegal.
De acuerdo con Reuters, las tarifas perjudican envíos valorados entre 7.000 y 11.000 millones de dólares, cifra que representa entre el 18% y el 26% de los despachos brasileños hacia ese destino. Pese a ello, las autoridades norteamericanas excluyeron rubros estratégicos —como café, carne bovina y componentes aeronáuticos— para resguardar sus propias cadenas productivas y proteger el bolsillo del consumidor local.
El panorama económico amenaza con agravarse tras el desarrollo de un proceso indagatorio sobre trabajo forzado, cuyo informe final se conocerá el 24 de julio, escenario que podría derivar en un arancel adicional del 12,5%, elevando hasta 37,5% los gravámenes sobre algunos productos brasileños.
Ante las presiones, la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva contestó que "la decisión estadounidense carece de fundamento", recordó el superávit comercial que ostenta la potencia e indicó que "continuará defendiendo sus intereses mediante el diálogo y la diversificación de sus mercados de exportación".
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La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso ", una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington. Los nuevos aranceles , anunciados por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer , pretenden sustituir el arancel global temporal del 10 % impuesto por Trump , que expira este viernes en la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025. Trump impuso un arancel temporal en febrero del 10 %, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, con el parapeto lega de la llamada sección 301. Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10 % para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5 % para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto. RELACIONADAS Actualidad EE. UU. impone aranceles de entre 10 % y 12.5 % a decenas de países por trabajo forzoso Nacional RD en lista de países a los que EE. UU. puede castigar con aranceles por no prevenir trabajo forzoso Países afectados En América Latina, la medida afecta a México , Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10 % , mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana estarán sujetos a un gravamen del 12,5 % . A las 27 economías de la Unión Europea , la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10 % . También figuran entre las economías afectadas India , Japón , Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido , aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado. China , con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista. La medida deriva de investigaciones iniciadas por la oficina de Greer en marzo, bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense para determinar si las políticas y prácticas de esos países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses. Tras las investigaciones y consultas con los Gobiernos afectados, la oficina de Greer determinó que las prácticas identificadas justifican la adopción de medidas comerciales . Disputa legal a la medida La política arancelaria de Trump , uno de los ejes de su agenda económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha estado marcada por una disputa legal sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior. Después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de sus aranceles globales, la Administración ha recurrido a otras herramientas legales, como la Sección 301 , para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos gravámenes a las importaciones.