Los empresarios que hacen vida alrededor del puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira, aseguran que llegarán extinguidos a enero de 2027, si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) continúa con los fuertes controles que comenzó hace unas semanas a los compras de venezolanos.
El malestar por el actuar de los funcionarios quedó en evidencia en la tarde del viernes pasado, cuando una protesta de integrantes de la Asociación de Comerciantes de La Parada (Asocopar), con 108 afiliados, impidió el paso vehicular durante unas horas por el paso binacional.
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Ayer, La Opinión corroboró que funcionarios de la DIAN cumplían con los respectivos controles a los vehículos y mercancías. Fuentes consultadas indicaron que ha habido amenazas contra algunos de ellos y sienten temor de que atenten contra su integridad física.
El representante legal de Asocopar, Danny Jesús Berty Tavera, dijo que uno de los episodios que agravó la situación se dio por la incautación de un cargamento de tomates valorado en $6 millones. Destacó que, aunque mediaron para que le permitieran al venezolano pasar la mercancía no fue posible.
Sin embargo, Berty afirmó que el hecho escaló cuando el afectado, junto a conocidos, recuperó el vehículo y la mercancía por la fuerza, comprometiendo su seguridad, la de los policías y la de los funcionarios de la DIAN.
La asociación rechazó categóricamente estas acciones violentas, pero advirtió que la dureza de la supervisión y la falta de pedagogía empujan a las personas a tomar decisiones desesperadas.
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Danny Berty explicó que la tensión que se ha vivido en los últimos días en La Parada se debe al endurecimiento de las medidas de la DIAN en el puente fronterizo, época en la que se registra una grave caída de compradores provenientes de Venezuela.
“Desde hace un año la dinámica comercial cayó y ya no pasan 30.000 o 35.000 personas diariamente, como antes, sino que ahora son entre 4.500 y 6.000. Las ventas bajaron más del 80% y el 35% del comercio ha cerrado”, detalló el representante legal de Asocopar.
Precisó que por un local pequeño, que hace dos años se arrendaba en $4 millones, se ofrece en un $1 millón; aun así no hay interesados.
Otra consecuencia grave que causaría este panorama es el impacto en el empleo, porque los asociados generan unos 2.000 puestos de trabajo directos, los cuales están en riesgo.
“Le adicionamos a esto el problema de inseguridad. Las organizaciones criminales mantienen sus presiones con las extorsiones. Sin embargo, es de resaltar que el sector comercio tiene una buena relación con la fuerza pública y la Alcaldía; el trabajo articulado ha contribuido a reducir la extorsión y durante 11 meses (desde el 15 de julio de 2025 al 1 de julio del 2026) no hubo asesinatos en La Parada”, agregó.
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Tras la mediación del secretario de Seguridad Ciudadana, Gustavo Anduquia, el día de la manifestación, se llevó a cabo este lunes una reunión entre el director de Aduanas de la Seccional Cúcuta de la DIAN, Carlos Emilio Pérez Gómez, y Asocopar, con el fin de dar claridad a la que ocurre.
