Una sola oferta y una millonaria comisión: las dudas que Cathy Juvinao lanzó sobre el Fondo Milagro del gobierno de Abelardo de la Espriella

La representante a la Cámara Cathy Juvinao cuestionó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tras la firma del contrato fiduciario del Fondo Milagro, instrumento creado para canalizar cerca de $30 billones orientados a la reconstrucción por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que golpeó a varios departamentos del país.

Basada en los documentos contractuales y en las resoluciones oficiales del Ministerio de Hacienda, la congresista sostuvo que el esquema de administración concentrará un alto nivel de poder directivo sin los contrapesos institucionales ni los manuales de contratación indispensables para operar.

A través de un hilo de siete partes por medio de la red social X, Cathy Juvinao reveló que la contratación directa del patrimonio autónomo se celebró entre el Ministerio de Hacienda y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex) mediante el Contrato No. 6.001-2026 (y 116-2026 de la fiduciaria).

La legisladora señaló que el proceso muestra que Fiducoldex fue seleccionada bajo una sola oferta recibida. Además, la cláusula décima séptima del contrato fijó una comisión mensual equivalente a 142 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), suma que asciende a cerca de $248,6 millones al mes.

“Por fin se firmó el contrato del FONDO MILAGRO y esto es lo que encontramos: Fiducoldex fue escogida con UNA SOLA OFERTA y pactó una comisión de cerca de USD 1M al año. Cinco de siete votos del Consejo Directivo son de Presidencia. No hay sillas para los entes territoriales ni entes de control. Las reglas clave para contratar TODAVÍA NO ESTÁN LISTAS (sic)”, expuso la congresista en X.

La representante a la Cámara enfatizó que las comisiones comenzarán a cobrarse tras el acta de inicio, aun cuando la operación real del fondo se encuentra paralizada por falta de reglamentación interna.

Dentro de los soportes compartidos por la congresista se destaca el artículo 9 del Decreto 1379 de 2026, el cual otorga amplias facultades al gerente del fondo designado directamente por el presidente de la República. Entre sus funciones se encuentran la preparación del plan de intervención, la instrucción de órdenes de contratación a la fiduciaria, el manejo del presupuesto operativo y la coordinación de la supervisión de los proyectos.

Juvinao advirtió que la figura del gerente, asignada al empresario Jaime Uribe Tamayo, reúne atribuciones desmedidas que comprometen la transparencia en el gasto de los fondos públicos y donaciones.

La legisladora advirtió que el nuevo esquema podría concentrar demasiado poder en el gerente designado por el presidente, al darle control sobre el gasto, la contratación y millonarios pagos, además de una estructura propia para supervisar los proyectos. A su juicio, se trataría de una figura con “demasiado poder y billones en la misma mano sin contrapesos”.

Adicionalmente, la matriz de riesgos del proyecto clasifica como un riesgo alto la demora en la aprobación de los Manuales Operativos y de Contratación por parte del Consejo Directivo. Según el documento oficial, la ausencia de estos manuales impide adelantar la contratación derivada o realizar los pagos correspondientes.

Cathy Juvinao advirtió que “las reglas del juego siguen pendientes”, debido a que aún no estarían aprobados los manuales que definirán la contratación y las cuantías. Según la congresista, los propios documentos señalan que “sin esos manuales no pueden avanzar contratos ni pagos”, por lo que, aunque ya se firmó el contrato de fiducia, “la operación del fondo aún no arranca”.

La congresista, autodeclarada de centro, también pidió que los recursos recaudados por la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, -Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que fue usada para canalizar las donaciones por el terremoto- sean trasladados directamente al Tesoro Nacional.

El Fondo Milagro fue creado formalmente mediante el Decreto 1379 como un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria pública, contando con una asignación presupuestal inicial de un billón de pesos para atender las urgencias dejadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

Según el informe entregado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, en la primera etapa se priorizarán $627.000 millones para obras de demolición de estructuras inestables, remoción de escombros y consolidación de censos en los municipios afectados.

El diseño financiero establece que los recursos públicos, donaciones internacionales y desembolsos por operaciones de crédito permanecerán bajo el resguardo del Tesoro Nacional y no en las cuentas de la fiduciaria, desembolsándose únicamente cuando la gerencia del fondo autorice los pagos previa certificación técnica de las obras.