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9 de octubre de 2026

El historial de intervenciones del embajador Judd que tensa las relaciones diplomáticas entre Chile y EE.UU. | Interferencia

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Desde amenazar la soberanía en el estrecho de Magallanes hasta inventar informes de inteligencia sobre el estallido social, el representante de la Casa Blanca acumula casi un año de fricciones con las administraciones locales. Sus constantes intervenciones en la política interna, catalogadas por parlamentarios como intentos de subordinación colonial, mantienen a Cancillería evaluando nuevas acciones diplomáticas.

En menos de doce meses al frente de la delegación diplomática de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd ha transformado la sede de la avenida Andrés Bello en un permanente foco de controversia e injerencia política. Lo que para la administración norteamericana pretendía ser una presencia vocal y persuasiva en la región, para el espectro político chileno se ha convertido en una seguidilla de exabruptos y presiones no disimuladas que desafían abiertamente los principios básicos de la soberanía nacional y la neutralidad diplomática.

El episodio más reciente ocurrió durante su intervención en la jornada del Día del Comercio Global, organizada por la Compañía Sud Americana de Vapores. En dicho foro, Judd vinculó de manera explícita la disposición de Washington para cooperar en la protección de los derechos de Chile sobre el estrecho de Magallanes con la obligación del país de alinearse a la agenda de seguridad de Estados Unidos, condicionando el respaldo estratégico a la contención de las inversiones y acuerdos comerciales con China. Las palabras del embajador provocaron un inmediato e inédito rechazo transversal.

El canciller Francisco Pérez Mackenna enfatizó que la integridad territorial chilena no es transaccional y que el país no requiere del visto bueno ni del apoyo de potencias extranjeras para defender un territorio que le pertenece legal e históricamente desde hace más de dos siglos. A pesar de que Judd intentó matizar sus dichos argumentando que sus comentarios habían sido sacados de contexto y tildando la controversia como un drama tergiversado, parlamentarios de diversos sectores endurecieron sus críticas. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), acusó formalmente al diplomático de confundir la cooperación con la subordinación y le recordó de forma tajante que Chile no es una colonia.

Este choque por el canal interoceánico se suma al bochornoso traspié ocurrido tan solo semanas antes, cuando el embajador afirmó públicamente en una entrevista televisiva que la inteligencia de su país poseía pruebas categóricas que vinculaban el origen del estallido social de 2019 con organizaciones de la izquierda internacional. La aseveración encendió las alarmas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que citó de urgencia al diplomático para exigir la entrega formal de dichos antecedentes con el fin de remitirlos a la Fiscalía Nacional. No obstante, tras un tenso encuentro de quince minutos con el canciller, Judd debió retractarse y admitir que la embajada no contaba con informes secretos, carpetas de inteligencia militar ni agentes desplegados en Chile, reconociendo que sus juicios se basaron únicamente en una revisión de prensa local, declaraciones de políticos y reportes policiales abiertos. El episodio derivó en una denuncia criminal presentada por parlamentarios ante la Fiscalía para esclarecer si existió una infracción a las leyes de inteligencia o un traspaso irregular de información reservada del Estado chileno a la legación extranjera.

El historial de desatinos de Judd comenzó a construirse desde el primer día de su gestión. Apenas once días después de asumir el cargo a fines de 2025, la administración del expresidente Gabriel Boric le envió una primera nota de protesta formal tras haber criticado públicamente al mandatario chileno por sus cuestionamientos a la política ambiental de Donald Trump, además de emitir opiniones sobre el proceso electoral local. Posteriormente, las tensiones escalaron con la revocación de las visas de ingreso a Estados Unidos aplicadas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a sus asesores, como medida represiva de Washington ante las negociaciones de Chile para evaluar la instalación de un cable submarino de fibra óptica junto a empresas chinas entre Valparaíso y Hong Kong.

A esta cadena de desaciertos se suman sus intervenciones en foros político-partidarios como el Foro Madrid, donde llegó a ufanarse de la implementación de la denominada Doctrina Donroe en la política sudamericana, y sus cruces públicos con ministros de Estado tras el alza unilateral de aranceles impuesta por la Casa Blanca, ante los cuales advirtió que respondería cada vez que recibiera declaraciones incendiarias.

Mientras el Ejecutivo evalúa la pertinencia de escalar el reclamo mediante una nueva nota de protesta, la conducta reincidente de Brandon Judd reabre un complejo debate sobre la soberanía nacional, la dignidad republicana y la urgente necesidad de fijar límites claros frente a los abusos de la diplomacia norteamericana.

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