El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar US$5.000 a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano logra imponerse en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, una propuesta que desató entusiasmo entre sus seguidores, pero también abrió un intenso debate sobre su legalidad, financiamiento y viabilidad económica.
Trump realizó el anuncio durante una convención republicana en Texas, donde sus palabras fueron recibidas con una fuerte ovación. Sin embargo, dirigentes demócratas calificaron la iniciativa como una “promesa vacía”, mientras especialistas comenzaron a analizar si ofrecer un beneficio económico asociado a un resultado electoral podría entrar en conflicto con las leyes federales.
La legislación estadounidense prohíbe realizar pagos destinados directamente a influir en la forma en que una persona vota. No obstante, expertos consultados consideran que la propuesta podría situarse en una zona jurídica distinta si se interpreta como una política pública que beneficiaría a la población en general y no únicamente a quienes voten por los republicanos.
La profesora de derecho Joan Mahoney, de la Universidad de Southampton, explicó que una promesa de este tipo podría compararse con compromisos electorales habituales, como reducciones de impuestos o nuevos beneficios económicos.
A su juicio, aunque el planteamiento puede sonar inicialmente como una recompensa por votar a determinado partido, el hecho de que los pagos se realizarían independientemente de la decisión individual de cada elector podría alejarlo de la definición legal de compra de votos.
Otros especialistas, sin embargo, consideran que el lenguaje utilizado por Trump introduce un componente mucho más directo y transaccional de lo habitual en una campaña electoral.
Las dudas no se limitan al aspecto legal. También existe una enorme interrogante sobre la capacidad del gobierno estadounidense para financiar el programa.
Estados Unidos cuenta con cerca de 270 millones de adultos. Un cheque de US$5.000 para cada uno representaría aproximadamente US$1,3 billones en gasto público.
Trump no explicó durante su discurso de dónde saldrían esos recursos ni detalló el mecanismo legislativo necesario para poner en marcha el plan.
En Estados Unidos, corresponde al Congreso aprobar el gasto federal, por lo que una iniciativa de esta magnitud probablemente necesitaría autorización legislativa. Especialistas consideran poco probable que semejante desembolso pueda implementarse únicamente mediante una orden ejecutiva presidencial.
Erica York, economista sénior de la Tax Foundation, cuestionó además la conveniencia fiscal de la propuesta en momentos en que Estados Unidos enfrenta déficits elevados y una creciente deuda pública.
El vicepresidente JD Vance indicó posteriormente que los cheques podrían financiarse mediante los ingresos obtenidos por la aplicación de aranceles a productos extranjeros.
Sin embargo, las cifras conocidas hasta el momento están muy por debajo del monto necesario.
De acuerdo con estimaciones citadas por el Bipartisan Policy Center, Estados Unidos ha recaudado alrededor de US$475.000 millones mediante aranceles e impuestos especiales desde comienzos de 2025. De esa cantidad, más de US$100.000 millones habrían sido posteriormente reembolsados después de decisiones judiciales que anularon parte de esas medidas.
Incluso utilizando la totalidad de esos ingresos, los recursos resultarían insuficientes para financiar un programa cuyo costo rondaría los US$1,3 billones.
