Es raro escuchar a un dictador admitir abiertamente que no va a celebrar elecciones. Incluso los regímenes autoritarios más brutales del mundo suelen recurrir a votos fraudulentos y otros trucos para revestirse de una apariencia de legitimidad.
Daniel Ortega, el presidente autoritario del país desde 2007, reconoció esta semana que la votación programada para noviembre de 2027 simplemente no se llevará a cabo. “Pero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, dijo el exguerrillero de izquierda de 80 años durante la conmemoración anual de la revolución sandinista de 1979. Argumentó que celebrarlas permitiría a sus oponentes “atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Pues, ¡obvio!
Podría descartar el comentario y verlo como una simple admisión retórica sin consecuencias prácticas. Después de todo, las posibilidades de unas elecciones libres y justas en Nicaragua ya eran nulas. Sin embargo, la declaración de Ortega tiene una enorme importancia. Debería ser un llamado de atención para todos aquellos que aún esperan una transición democrática en Managua.
Si el régimen ya no se siente obligado ni siquiera a fingir, solo una presión internacional más fuerte y coordinada tendrá alguna posibilidad de derrocarlo. Al no acudir a la última farsa de legitimidad electoral, el gobernante de Nicaragua y su sórdida esposa, la copresidenta Rosario Murillo, le recuerdan al mundo lo que realmente son: los líderes de una de las dictaduras más represivas del planeta, una tiranía al estilo de Corea del Norte que opera a apenas 1,600 kilómetros de Miami.
Más allá de la retórica incendiaria, el anuncio también debe interpretarse como una admisión implícita de debilidad. Ortega presentó una figura frágil durante su discurso, su primera aparición pública en dos meses. Cancelar las elecciones tranquiliza al régimen, ya que, si el dictador quedara incapacitado, sus herederos no tendrían que lidiar con una votación orquestada pero incierta.
A pesar del control total que ejerce el gobierno sobre la vida nicaragüense, las dictaduras suelen cometer errores de cálculo. Ortega podría haber aprendido del error que cometió su aliado Nicolás Maduro al celebrar las elecciones venezolanas de 2024, o de su propia derrota ante Violeta Chamorro en 1990.
“Ortega sabe que el sistema que controla todavía tiene rendijas y ventanas para la oposición”, comenta Félix Maradiaga, líder opositor que fue deportado y despojado de su ciudadanía tras postularse a la presidencia en 2021. “El único elemento que él tiene es la legitimidad ideológica como comandante de la revolución, no la legitimidad democrática derivada de elecciones libres. Es una legitimidad que no ha podido trasladar a Rosario y a su hijo, Laureano Ortega Murillo”.
Ahora, la cínica franqueza de Ortega crea una oportunidad para aumentar el costo de la represión para un régimen cuyos abusos a menudo pasan desapercibidos. Las opciones son numerosas: endurecer las sanciones contra el floreciente sector aurífero del país; congelar el dinero ilícito nicaragüense que aún fluye a través de Miami y otros centros financieros; aumentar los aranceles selectivos.
El Fondo Monetario Internacional, cuyas revisiones anuales del Artículo IV no mencionan el carácter totalitario de Nicaragua, también podría hablar con mayor franqueza sobre la falta de Estado de derecho en el país como advertencia a los inversionistas. Y la Organización de los Estados Americanos podría, basándose en su profunda preocupación expresada el mes pasado por “el debilitamiento sistemático del orden democrático en el país centroamericano”, declarar ahora que el gobierno es ilegítimo.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, también señala la suspensión del acceso del país a los acuerdos de libre comercio que aún disfruta con EE.UU. y Europa a través del marco centroamericano, y bloquear inversiones realizadas por el Ejército nicaragüense en EE.UU.
“Tal como están las cosas hoy en día, con el poder en manos de un puñado de personas, este régimen puede caer fácilmente. Y la pareja Ortega-Murillo lo sabe”, me dijo Simon. “No es como Cuba o Venezuela, donde hay un aparato fuerte que lo respalda”.
El problema es que Washington está ocupado precisamente con Venezuela y Cuba y, en estos momentos, no le preocupa especialmente el retroceso democrático. Añadir un tercer objetivo de cambio de régimen en América Latina difícilmente será una prioridad para él, sobre todo si no se percibe como una amenaza a la seguridad nacional. Es muy posible que esto forme parte del cálculo de Ortega.
Aunque el Departamento de Estado de Marco Rubio emitiera una fuerte condena, es probable que sus llamados a una acción regional coordinada caigan en saco roto, sobre todo teniendo en cuenta que EE.UU. mantiene disputas con Brasil por los aranceles y con México por diversos asuntos, desde el narcotráfico hasta la polémica renegociación del acuerdo comercial T-MEC. Brasilia seguramente percibió la ironía de que ahora enfrenta nuevos aranceles estadounidenses más elevados (25%) que Nicaragua (10% a partir de 2027).
Pero dado el creciente aislamiento diplomático de Ortega y la implacable purga interna, este es el momento de imponerle mayores consecuencias a sus acciones. La captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a principios de este año y el fin del régimen socialista en Bolivia tras las elecciones de octubre han privado a Ortega de dos aliados clave.
Cuba está en caída libre, y las relaciones de Nicaragua con Brasil llevan dos años congeladas. La semana pasada, Managua rompió lazos con Italia tras negarse a extraditar a un exguerrillero de las Brigadas Rojas condenado por el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978. Solo China y una Rusia más débil, que opera una instalación militar en el país, permanecen del lado de Ortega.
