Imprudencia al límite. Costos económicos y políticos de la narrativa obradorista

¿Imprudencia? ¿Desfachatez? ¿Manipulación preelectoral? ¿Desesperación ante el creciente desgaste político? Con el respaldo posterior de Claudia Sheinbaum, el expresidente López Obrador insulta al “establishment” estadounidense en inusitada carta que envía al ególatra Donald Trump. Denuncia “siniestras aventuras” del trumpismo y pone en aprietos a su discípula.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, afirma el líder moral del morenismo. Le pide al presidente de Estados Unidos que “vuelva a gobernar como antes”, no se deje manipular y “mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan”. Califica a los cercanos colaboradores del fanfarrón del Norte de “filibusteros, trepadores, paleros y vividores”, entre otras cosas.

AMLO rompe de nuevo el silencio que prometió guardar. Con el débil argumento de defender a su sucesora, acusa a la administración Trump de “una embestida” contra el gobierno de México para “debilitar a Morena y fortalecer a la oposición”. Nerviosa, incómoda, la señora Sheinbaum Pardo agradece “el apoyo” de su mentor y se suma al inoportuno conflicto.

La respuesta de la diplomacia estadounidense no se hace esperar: “A los comunistas siempre les va bien con el pueblo en los primeros años, pero al final todo se va al infierno; la gran violencia se desarrolla a niveles nunca vistos y prevalece la miseria”. El propio Trump advierte: “recuerden, primero una popularidad impresionante y luego, muerte y destrucción garantizadas” (bit.ly/4oiq1KU).

En plena revisión de acuerdos comerciales estratégicos, aumenta peligrosamente la tensión entre ambos gobiernos y, con ella, la incertidumbre: el principal enemigo de la confianza indispensable para atraer la inversión que exige el desarrollo sostenido. Mientras Estados Unidos endurece sus exigencias, el régimen obradorista opta por la estridencia y el victimismo.

“¿Quién decide en México, las agencias extranjeras, los grandes intereses económicos o el pueblo?”, pregunta Claudia Sheinbaum en una concentración masiva de seguidores y acarreados ante el Monumento a la Revolución. “México no acepta la injerencia extranjera”, afirma la presidenta en un furibundo llamado a la población a defender la soberanía nacional.

Se lanza con toda la maquinaria propagandística contra Estados Unidos, pero al día siguiente intenta matizar: “es una ofensiva de la ultraderecha, no es el presidente Trump”. El embajador Ronald Johnson insiste en que la lucha contra el narcotráfico debe ser un esfuerzo de cooperación entre ambas naciones, y la mandataria le exige “respetar los asuntos internos” del país.

El enfrentamiento sube de tono. La jueza Katherine Polk declara en Nueva York que, en el caso del general Gerardo Mérida, cercano colaborador del sinaloense Rubén Rocha Moya, “podría haber pruebas abundantes”. El secretario Marco Rubio advierte del riesgo que representan para Estados Unidos los drones que utilizan los narcos mexicanos cerca de la frontera.

A través de Los Angeles Times trasciende que las investigaciones por narcotráfico ya alcanzan a los gobernadores morenistas de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, y el régimen en pleno sale en su defensa. La presidenta recurre de nuevo a la retórica de “que presenten las pruebas” y el reportero Steve Fisher se mantiene firme: “Tengo fuentes verídicas”.

La relación entre ambos países no es entre iguales; habría que aceptarlo. La economía mexicana depende fuertemente del mercado estadounidense: más del 80% de sus exportaciones se dirige al vecino del Norte, las remesas representan cerca del 4% del PIB y nuestro país es uno de los principales destinos de la inversión manufacturera estadounidense, que exige confianza.

Estados Unidos también depende de México, pero en mucho menor medida. Nuestro país es una pieza clave en su estrategia industrial, aunque también representa una fuente de preocupación por la inmigración ilegal y el tráfico de estupefacientes. Entre sus prioridades destacan reducir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho para proteger sus inversiones.

La disyuntiva para el régimen es clara: descalificar las críticas externas como “ataques a la soberanía” y “perversas injerencias” del imperialismo que busca sentar sus reales en nuestro país, o alinearse con las exigencias económicas reduciendo la incertidumbre que mina la confianza. Por ahora, se ha optado por la confrontación para evitar la rendición de cuentas.

Con miras a las elecciones intermedias de 2027, el obradorismo necesita mantener el control de sus bases mediante una narrativa polarizante —en la que el discurso soberanista resulta especialmente eficaz—, pero la crisis económica se acelera. Cada vez es más difícil sostener el derroche clientelar que les permitió llegar al poder y aún los mantiene en las preferencias.

La falta de efectividad de los gobiernos morenistas se acentúa. Los informes sobre la desaceleración económica no cesan: “el futuro es incierto y la pérdida de dinamismo es grave, en un entorno marcado por la incertidumbre y la caída en la inversión”, advierte el IMEF (bit.ly/4dU8qW0). La OCDE rebaja el pronóstico de crecimiento para 2026 a 0.8% y alerta sobre el creciente déficit fiscal (bit.ly/4dUbEJ9).

En Yucatán, ejemplo de ese deterioro que avanza por todo México, aumenta la informalidad —ya representa el 59.3% de la población ocupada—, mientras se pretende seguir incrementando la deuda pública sin estudios técnicos que respalden la solicitud y con supuestos fines de control político (bit.ly/4dSaPjX). Se prioriza el gasto social clientelista y se sacrifica la inversión productiva.