Un juez de Barrancabermeja ordenó la medida cautelar por un préstamo que una empresaria asegura sigue sin pagarse.
El Pacto Histórico tendrá que responder por una deuda que viene desde la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Un juez de Barrancabermeja ordenó embargar sus cuentas bancarias como medida cautelar dentro de un proceso por un préstamo de $450 millones que, según la demandante, sigue sin pagarse.
La decisión alcanza al partido tras la fusión de Colombia Humana con más colectividades políticas. Sobre ese movimiento y Ricardo Roa (expresidente de Ecopetrol), quien fue gerente de la campaña presidencial, había recaído inicialmente la medida. Además: Estados Unidos les quita la visa a Ricardo Roa, Yahir Acuña y a los involucrados en el escándalo de corrupción de la Ungrd
La información, publicada por La Silla Vacía, estableció que las responsabilidades jurídicas y administrativas de Colombia Humana pasaron al Pacto Histórico tras la unificación. Según lo conocido, la Cooperativa Confiar, donde están las principales cuentas del partido, debe hacer efectivo el embargo.
Y es que justamente hace unas semanas el expresidente Gustavo Petro fue presentado oficialmente como el líder político de la colectividad (Pacto Histórico), cargo que asumió luego de que se realizara una reunión del movimiento. Fue escogido por unanimidad.
Detrás del proceso está Bibiana Pérez, una empresaria santandereana que reclama la devolución del dinero. De acuerdo con los registros de la campaña citados por el medio, el préstamo se realizó el 18 de mayo de 2022, pocos días antes de la primera vuelta presidencial.
Dentro de ese proceso, el juzgado había ordenado inicialmente el embargo del sueldo de Roa y el secuestro de siete propiedades que aparecen a nombre del expresidente de Ecopetrol.
Según la demanda, transcurrieron cuatro años sin que se saldara la obligación. Por eso, Pérez reclama tanto los $450 millones como los intereses correspondientes.
Esta no es la única determinación jurídica en la que ha estado bajo escrutinio este partido. Ricardo Roa, quien estuvo al frente de su gerencia, también deberá ante la Fiscalía por la presunta violación de los topes de gastos electorales.
La imputación se completó en mayo de este año. Según el ente investigador, la campaña habría superado los límites permitidos en al menos $1.664 millones entre la primera y la segunda vuelta. Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente. Además: Martha Peralta y Euclides Torres, entre los colombianos a quienes EE. UU. retiró la visa
El cuestionamiento de la Fiscalía apunta a las responsabilidades que tenía como gerente de la campaña, en las que delegaba acciones como administrar los recursos, autorizar los gastos y rendir cuentas ante las autoridades electorales.
Bajo esa función, sostiene el ente acusador, habría permitido gastos superiores a los autorizados y omitido reportar parte de los movimientos financieros.
En agosto, la Fiscalía radicó el escrito de acusación. Entre los gastos cuestionados aparecen servicios de transporte, publicidad, alimentación, logística y eventos de campaña.
Pero hay otro frente abierto contra el exdirectivo. Roa también se encuentra imputado por el delito de tráfico de influencias de servidor público en una investigación relacionada con su gestión al frente de Ecopetrol. Además: ¿Quién es Yahir Acuña? El hombre que mueve los hilos de la política en Sucre y está bajo la lupa de la justicia
La Fiscalía indaga si, cuando ocupaba la presidencia de la petrolera, Roa ejerció supuestas presiones indebidas sobre Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, una de las filiales de Ecopetrol, con el propósito de favorecer a un tercero en la adjudicación de contratos relacionados con servicios de regasificación.