Durante meses, la Administración Trump presentó los aranceles como la prueba física de una nueva doctrina económica, pero pronto la medida estrella del mandatario estadounidense se toparía con la Justicia
El dueño del despacho con mayor poder del mundo no titubeó durante los primeros meses de mandato. Entre sus centenares de órdenes ejecutivas, enarboló una medida estrella que no iba a dudar en aplicar cada vez que fuese 'necesario'. Su estrategia estaba clara y Donald Trump tampoco trataba de ocultar sus intenciones. Ante cualquier amenaza de discrepancia sobre sus meditados planes, el presidente de Estados Unidos lanzaría una advertencia arancelaria. Pero su 'hoja de ruta' se topó con la Justicia y el Tribunal Supremo anuló una ingente cantidad de gravámenes por considerarlos ilegales. Washington ya ha reembolsado unos 121.000 millones de dólares a las empresas afectadas por estos impuestos.
Así, durante meses, la Administración Trump presentó los aranceles como la prueba física de una nueva doctrina económica. El mandatario prometía que la potencia norteamericana dejaría de ser el mercado ingenuo del mundo para convertirse en una fortaleza comercial. El inquilino de la Casa Blanca dejaba la sutileza a un lado para asegurar que, entre otros socios, la Unión Europea fue "creada con el objetivo principal de aprovecharse de EEUU en el comercio" y que es "muy difícil de gestionar".
Cada contenedor que entraba por un puerto estadounidense llevaba incorporado un impuesto que, según el también magnate inmobiliario, serviría para corregir décadas de deslocalización industrial, reducir el déficit comercial y obligar a los socios extranjeros a renegociar las reglas del comercio internacional. Pero los ingresos públicos no dependen solo de la política, toda recaudación necesita un fundamento legal.
Pese a que el hecho de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos -de mayoría conservadora- declarase ilegales unos aranceles sería motivo de peso para señalar la política arancelaria de Trump, la imagen más elocuente de que al guerra comercial no está saliendo como el mandatario habría deseado reside en la devolución, una a una, de decenas de miles de millones de dólares a compañías que pagaron por esos gravámenes. La gigantesca operación del trumpismo pasaba a ser una anomalía jurídica.
Hasta el pasado 10 de julio, Estados Unidos tramitó la devolución de alrededor de 121.000 millones y, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia ha recibido 24,4 millones de declaraciones de importación, de las que aproximadamente 16,76 millones fueron procesadas para su potencial reembolso. De esta manera, el importe tramitado supone más del 70% del total a reintegrar, estimado en unos 166.000 millones después de que el Supremo declarase ilegal en febrero el sistema arancelario que el líder del Partido Republicano impuso el 2 de abril de 2025, fecha que bautizó como "día de la liberación" y cuyos gravámenes calificó como "recíprocos".
Después de criticar férreamente la decisión del tribunal, el mandatario sugirió a las empresas que sería buena idea no buscar recuperar el dinero pagado por los mencionados impuestos y, para mantener su estrategia, la Administración norteamericana anunció nuevos aranceles de entre el 10 y el 12,5% a las importaciones de más de 60 países. En esta ocasión, el dueño del Despacho Oval escudó su decisión en que dichas economías no se esfuerzan lo suficiente "para combatir el trabajo forzoso".
De esta manera, la paradoja se vuelve extraordinaria, ya que un impuesto especial creado para reforzar la autoridad presidencial ha pasado a ser uno de los mayores reembolsos fiscales de la historia reciente de Estados Unidos, ha hallado un obstáculo constitucional y ha puesto coto al poder de la figura más relevante del territorio. El dilema no habitaba en si los aranceles eran convenientes o perjudiciales para la economía estadounidense, que también, sino en si el presidente tenía potestad para imponerlos.
En abril, el mandatario norteamericano recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una norma aprobada en 1977 para permitir respuestas rápidas frente a emergencias internacionales mediante sanciones económicas. Según la Casa Blanca, los déficits comerciales y determinadas amenazas a la seguridad nacional justificaban utilizar esa herramienta para imponer aranceles de alcance casi universal.
La respuesta del Tribunal fue una negativa rotunda. La citada ley no autoriza a un presidente a imponer de forma unilateral un régimen arancelario sobre bienes importados de socios comerciales. La Constitución reserva al Congreso la potestad de establecer impuestos y regular el comercio exterior, por lo que un impuesto que carece de base legal, termina siendo tumbado.
Tal y como explican los expertos, son las empresas estadounidenses las que adelantan el dinero en la aduana. Después intentan absorber ese coste, trasladarlo a sus clientes o renegociarlo con sus proveedores. Cuando el Supremo anuló los gravámenes, no ordenó compensar a China, Europa o México, sino devolver el dinero a miles de compañías que habían soportado un impuesto declarado ilegal. La decisión política sobrevivió durante meses mientras los tribunales deliberaban pero terminó deshaciéndose con la firma judicial.
Trump aprovechó la situación para exhibir la recaudación arancelaria como un éxito presupuestario con el que las aduanas ingresaban miles de millones adicionales. El mensaje político se dirigió hacia que los socios comerciales estaban pagando el precio de acceder al mercado estadounidense, de que supuestamente se habían estado aprovechando durante décadas. Pero la realidad presupuestaria terminó siendo distinta y los reembolsos llegaron a superar los nuevos ingresos por gravámenes.
De nuevo, los ciudadanos pasaron a ser las víctimas de gobernar por decreto y poderes extraordinarios, en lugar de negociar en un Parlamento. Los detractores de las políticas del líder del Partido Republicano señalaron que los reembolsos no llegarían a los hogares. Así, los precios en los supermercados se elevan y la confianza de los consumidores se desploma. Tanto como los niveles de popularidad de Trump, que se sitúan en su punto más bajo en las encuestas a tres meses de las importantísimas elecciones de medio mandato (o 'midterms'), donde los republicanos se juegan mantener su prácticamente poder absoluto en Washington.
Pese a que los aranceles pretendían levantar una muralla comercial, finalmente han sacado a relucir la idea que limita el poder político a través del Estado de derecho, una frontera que ni siquiera un presidente con un poder como el que ha cosechado Trump puede cruzar sin acabar recibiendo una factura.
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