Por:
Luchi Bisconti
El sol del mediodía caía como un plomo sobre una plaza en cualquier rincón urbano nacional. Era abril de 2011 y la fila no avanzaba por fe, sino por contabilidad elemental. Al final del asfalto agrietado esperaba un camión pulcro como una morgue refinada, que exhalaba un vaho congelado directo al corazón de los amantes de la tira de asado dominical. El programa Carne para Todos se presentaba como una criatura del intelecto peronista concebida para gambetear la inflación a fuerza de frigoríficos itinerantes. El Estado mandaba la media res en persona, con grasa y hueso, un 40% más barata en promedio que en los otros canales de venta, desde el gran hipermercado hasta la carnicería de barrio.
El modelo funcionaba desde 2009, cuando el gobierno ya había estatizado las transmisiones deportivas con Fútbol para Todos, bajo la lógica idéntica de arrebatarle un bien caro o restringido al mercado privado. Envalentonada por la buena repercusión, la administración de Cristina Kirchner amplió la oferta hacia cortes de cerdo, lácteos y pescado mediante la coordinación de la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno.
Sectores de la oposición y del campo cuestionaron el reparto de alimentos baratos; lo consideraron una maniobra con calendario electoral. Patricia Bullrich, entonces diputada, lo calificó de “uso clientelar de la comida”. Hugo Biolcatti, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), coincidió al tacharlo de “medida propagandística”. Sin embargo, los programas «… para Todos» funcionaron como un esquema de gestión que anticipó el dilema que ahora desvela a las economías del norte. Hoy, EE UU, Rusia y Suiza implementan variantes del mismo reflejo. Cuando el puchero se vuelve impagable, el libre mercado pide la hora porque el hambre no entiende la teoría del derrame de Milton Friedman.
La carne vacuna es religión, estandarte e industria para cualquier cowboy. Pero el sector llegó a un punto de asfixia que rompió el encanto hace semanas. Una sequía plurianual y años de liquidación de rodeos llevaron el stock ganadero a 86 millones de cabezas, el nivel más bajo en 75 años, y la carne picada trepó a un promedio de 15 dólares el kilo, un 57% más cara que un lustro atrás.
Donald Trump apuntó los cañones contra el oligopolio de los frigoríficos —JBS, Tyson Foods, Cargill y National Beef—, cuatro gigantes que concentran el 85% del procesamiento nacional. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, fue más allá y describió el nivel de concentración comercial como «un panorama aterrador». La medida más audaz, formalizada el 26 de agosto mediante la proclamación presidencial «Further Ensuring Affordable Beef for the American Consumer«, facilita las importaciones a través de una cuota adicional libre de aranceles de 300.000 toneladas de recortes vacunos magros.
Esta dispensa, liberada en tres tramos de treinta días desde el 1 de septiembre, impone a los proveedores extranjeros el compromiso de vender el producto un 25% por debajo del valor de pizarra.
Vladimir Putin creó el Servicio Federal Antimonopolio (FAS) en marzo de 2004 para cuidar el bolsillo mediante acuerdos de «estabilización de precios» al que suscribieron 86 productores, 30 mayoristas y casi 12.700 cadenas minoristas en decenas de regiones de la nación más extensa del planeta.
El Kremlin también dispone, si el trigo amenaza con fugarse detrás de mejores cotizaciones internacionales, de un sistema de cuotas para exportar granos, vigente desde 2021; aunque, paradójicamente, este año lo usó en sentido inverso, ya que una cosecha récord le permitió duplicar el cupo al exterior.
Ante la persistente inflación en materia alimentaria, el gobierno promulgó la Ley Federal N° 280-FZ el 6 de agosto, un texto que obliga a rastrear la cadena de costos «de cero a la góndola» a lo largo de todo el proceso productivo. Es un «Alimentos para Todos» implementado con la frialdad de la estepa, cuya norma dicta que antes de venderle al mundo hay que saber cómo se llena la olla puertas adentro.
El país del reloj de precisión, el secreto bancario y el laissez faire lleva la lógica del control a un extremo superior al de la extinta Secretaría de Comercio argentina. Desde 1955, la Ley Federal de Abastecimiento Económico obliga a un centenar de empresas privadas a mantener reservas ineludibles de alimentos esenciales, compensadas por las autoridades a un costo de apenas 7 francos (U$S 8,6) por habitante al año. En todo momento, el territorio helvético guarda unas 15 mil toneladas de café, 69 mil de azúcar, 334.500 de trigo y 14 mil de arroz, un colchón pensado para cubrir entre dos y cuatro meses de consumo interno ante eventuales crisis.
La Confederación entiende que la seguridad alimentaria tiene un valor estratégico supremo para su industria financiera, incluso cuando acumular stock no resulte rentable a corto plazo.
Visto a la distancia, aquel camión frigorífico fue un adelantado a su época en la pregunta que hoy desvela a gobiernos de todos los colores: ¿qué hace un país cuando su pueblo no puede pagar la comida?
Algunos subsidian, otros abren cuotas de importación o llenan silos por mandato. Los manuales del Norte lo visten de «soberanía estratégica», «reserva nacional» o «ley antimonopolio». Cambia el disfraz, no el gesto. En Argentina, al menos, recibió el nombre más honesto. Carne para Todos, resguardado bajo el paraguas de una simple Secretaría de Comercio Interior.
A los únicos que ese menú siempre les indigesta es a los gorilas. Descubren tarde una verdad inquietante: la famosa «mano invisible» de la economía era apenas la mano del carnicero ajustándose el delantal desde las sombras. «
