Supremo frena plan de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

El Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó su período de sesiones 2025-2026 con una serie de decisiones que marcarán el rumbo del país en temas de inmigración, poder presidencial, elecciones y derechos civiles. Entre los fallos más relevantes para la comunidad inmigrante destaca la decisión de declarar ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento para facilitar la deportación de hijos de inmigrantes.

Los magistrados concluyeron que la ciudadanía por nacimiento es un derecho protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, por lo que un presidente no puede modificar ese principio mediante una orden ejecutiva.

La decisión representa un importante revés para la política migratoria de Trump y mantiene vigente el derecho constitucional que otorga la ciudadanía estadounidense a toda persona nacida en territorio nacional, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Aunque el Supremo rechazó la orden sobre ciudadanía por nacimiento, también emitió decisiones que respaldan otras medidas migratorias impulsadas por la administración Trump.

Los jueces autorizaron el retiro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 inmigrantes haitianos y 6,000 sirios, lo que abre la posibilidad de que estas personas puedan enfrentar procesos de deportación si no obtienen otra protección migratoria.

Asimismo, el tribunal permitió que el Gobierno continúe rechazando solicitudes de asilo presentadas en la frontera entre Estados Unidos y México, respaldando una interpretación más restrictiva sobre quién puede solicitar protección al ingresar al país.

El Supremo también fijó límites a la autoridad del presidente.

En una de sus decisiones más comentadas, determinó que Trump excedió sus facultades al imponer aranceles globales utilizando una ley destinada a situaciones de emergencia nacional.

La sentencia, aprobada por seis votos contra tres, fue duramente criticada por el mandatario, quien calificó el fallo como “profundamente decepcionante”.

En otra resolución, el tribunal amplió la autoridad presidencial para destituir a funcionarios de agencias federales independientes, aunque mantuvo la autonomía de la Reserva Federal.

En materia electoral, el Supremo debilitó parte de la histórica Ley de Derecho al Voto, al limitar la posibilidad de utilizar esa legislación para crear distritos electorales que garanticen una representación adecuada de las minorías raciales.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles advirtieron que la decisión podría reducir la representación política de las comunidades afroamericanas en el Congreso.

Por otra parte, los jueces determinaron que los estados pueden contabilizar las papeletas enviadas por correo después del día de las elecciones siempre que tengan un matasellos con fecha anterior al cierre de la votación.

El Tribunal Supremo también emitió decisiones relacionadas con los derechos de las personas LGBTQ+.

Los magistrados concluyeron que las leyes que prohíben las llamadas “terapias de conversión” para menores vulneran la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.