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El Ministerio de Transporte manifestó su desacuerdo frente al nuevo cobro que impuso el Distrito de Buenaventura a los vehículos que movilizan carga desde y hacia las terminales portuarias de la ciudad. Esta postura, conocida en medio de la inquietud del sector transportador, recalca el impacto negativo que tendría la medida al encarecer la operación y afectar la competitividad del principal puerto del país, según lo destaca la cartera. Además, señaló que más del 44 % del comercio exterior colombiano circula por Buenaventura, por lo que cualquier decisión sobre la operación portuaria debe sopesar su efecto en el empleo, la inversión y el desarrollo local.
La controversia gira en torno al Decreto Distrital 0338 de 2026, expedido por la Alcaldía de Buenaventura, que exige un “precio público por circulación” de $4.235 por cada tonelada de carga trasportada en los puertos distritales. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) también se opuso, sugiriendo suspender la aplicación del cobro hasta que se analicen sus efectos y los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos que lo respaldan.
Según cifras de Colfecar, un tractocamión que transporte 30 toneladas tendría que desembolsar cerca de $127.050 adicionales en cada operación. Para este gremio, el nuevo cobro se suma a varios costos existentes como combustibles, peajes, trabajo y gastos financieros. Además, destacaron otras dificultades en la operación logística en la ruta Cali-Buenaventura, como bloqueos, problemas de seguridad, restricciones de movilidad y demoras por filas de hasta 25 kilómetros y esperas de ocho horas para acceder a los puertos. A esto se añade la saturación y problemas para manejar contenedores vacíos, que incrementan los costos y los tiempos de la operación.
Aunque Colfecar reconoció la necesidad de inversión e infraestructura en Buenaventura, reprochó que la solución sea imponer más cargas a los transportadores, generadores de carga y, en última instancia, a todos los ciudadanos. El gremio exigió conocer los estudios técnicos y financieros que sirvieron de base para la tarifa; también pidió transparencia sobre la destinación de los recursos, los proyectos que se financiarán y las entidades responsables.
Por otro lado, Colfecar advirtió que varias vías de acceso a Buenaventura pertenecen a corredores nacionales, gestionadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Además, argumentó que el sector ya realiza aportes importantes a la infraestructura vial a través del peaje de Loboguerrero y la sobretasa nacional al ACPM (aceite combustible para motores), destinados legalmente a obras de mantenimiento. Por esto, advirtió sobre una posible duplicidad de cobros. El gremio pidió suspender el decreto mientras se instala una mesa de concertación aceptada por la alcaldía local, para revisar todos los detalles antes de aplicar la medida.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
El Ministerio de Transporte y la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) se oponen al nuevo cobro decretado por el Distrito de Buenaventura porque lo consideran un factor que aumenta los costos de operación y pone en riesgo la competitividad del principal puerto comercial. Además, Colfecar advierte que ya existen múltiples cobros y problemas operativos que afectan los márgenes del transporte de carga.
El Decreto Distrital 0338 de 2026, expedido por la Alcaldía de Buenaventura, estableció un “precio público por circulación” de $4.235 por cada tonelada de carga transportada desde o hacia los puertos del distrito. El objetivo es recaudar recursos para obras, pero el sector transportador exige claridad sobre la metodología que definió la tarifa y el destino de los fondos.
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