La fiscalía considera que "el PSOE habría puesto a disposición de la organización criminal" de Leire Díez "su infraestructura logística y financiera"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2025, en Madrid. / Jesús Hellín - Europa Press

Ni el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ni la Fiscalía Anticorrupción consideran que ahora sea el momento para imputar al PSOE en la causa en la que se investiga a la 'fontanera' Leire Díez, pero eso no significa que no hayan apreciado indicios que lleven a hacer pensar que se terminará haciendo. El ministerio público afirma en el informe en el que descarta apoyar la petición del PP para imputar al partido que "el PSOE habría puesto a disposición de la organización criminal que aquí se investiga su infraestructura logística y financiera".

Pese a considerar que antes de adoptar esa decisión es necesario tomar declaración al que fue secretario de Organización del partido hasta que resultó salpicado en el caso Koldo, Santos Cerdán, así como al histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías y al que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, las fiscales del caso destacan que se posibilitaron "diferentes reuniones orgánicas entre los dirigentes del grupo en la sede del partido en la calle Ferraz, sufragándose la movilidad y alojamiento de sus diferentes miembros, y lo que es más relevante, financiándose la actividad presuntamente delictiva de los dirigentes y partícipes, a través de sociedades interpuestas con la colaboración de sendos abogados, a la postre contratados para la defensa" de Koldo García y del propio Cerdán.

"Son múltiples y de la más variada naturaleza los indicios que se recogen en el extenso y exhaustivo informe de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] para sostener dichas afirmaciones", añade Anticorrupción, que para analizar la solicitud de imputación de la acusación popular dice partir "del papel superior que se atribuye a Cerdán, que habría trabado una relación con Leire Díez desde el año 2021 que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, en abril de 2024, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente" del Ejecutivo.

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado. / José Luis Roca / EPC

Para ejecutar el plan, "según se constata en las diligencias", se ofreció a "funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". La "premisa" establecida era "atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores, la Fiscalía Anticorrupción o la UCO".

Para ello, Leire Díez "habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero del resto de los investigados: Cerdán (que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido), Gaspar Zarrías (que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica), Ismael Oliver (letrado de parte de los implicados y vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades), Jacobo Teijelo (letrado de Cerdán) y del [capitán de la Guardia Civil] Sánchez Yepes (quien también factura sus servicios al PSOE)", así como del empresario Javier Pérez Dolset.

El relato de la fiscalía continúa señalando que "para articular dichos pagos sin revelar el ordenante de los mismos se habrían utilizado sociedades de Zarrías, Oliver y Teijelo "con el presumible concierto de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, que emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino" a Díez. En su declaración ante el juez, la imputada señaló que había sido Cerdán quien contrató a Teijelo y a Oliver "con absoluta libertad, sin más control que la presentación de las Notas de Encargo con posterioridad a la prestación de los servicios y la factura para su abono".

Para desenredar el "imbricado sistema de soporte económico a esas ilícitas actuaciones", la fiscalía, como también hace el juez Pedraz, recuerdan que están en marcha distintas diligencias de investigación y se ha recabado información al partido, por no decir que falta el análisis de la que se intervino en Ferraz. De momento, el avance de la investigación ha permitido, dice la fiscal, conocer "nuevos datos que dan cuenta del solapamiento y ocultación de determinados pagos, en concreto los efectuados a Leire Díez y a los letrados" investigados en la causa.

El objetivo, señala, es determinar quién o quienes son "el último responsable/s, financiador/es, de la actividad llevada a cabo por Leire y la implicación, en su caso, del resto de los investigados". Ella "se convertía, en definitiva y a través de esa mecánica, en la coordinadora, bajo la dirección de Santos Cerdán, de todas las defensas, siendo Zarrías quien dirigiera la 'parte jurídica'". Su actuación se encaminaba a "buscar la nulidad de los procedimientos de Hidrocarburos, investigados en su mayoría a impulso de a UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), asentando la idea de que las investigaciones llevadas a cabo por esta unidad eran prospectivas y nacían contaminadas desde el origen por una nulidad que alcanzaría a todas las causas en las que hubiera podido tener intervención, también aquellas con afectación de intereses del PSOE o de familiares del presidente del Gobierno". Y ahí enmarca la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de su antecesor en el cargo y del director adjunto operativo de la Guardia Civil. El ministerio público dice que la organización criminal también se habría valido de la relación personal" que Leire Díez mantenía con la primera para "perturbar el normal desenvolvimiento de la UCO.

Tanto para Anticorrupción como para el juez Pedraz, para imputar a una persona jurídica no es suficiente acreditar los delitos que han podido cometer sus responsables, sino que debe determinarse quién autorizó los pagos y cómo se realizaron, así como si el PSOE contaba con controles suficientes para evitar una conducta delictiva como la investigada. Por lo que no se puede tomar una decisión sin practicar todas las diligencias pendientes.

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