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Hay decisiones económicas que parecen pequeñas cuando se firman, pero que pueden terminar definiendo el rumbo de un país durante décadas. La incorporación de Panamá como Estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur) es una de ellas.
El Acuerdo de Complementación Económica N.° 76 fue firmado en Montevideo el 6 de diciembre de 2024 y aprobado por Panamá mediante la Ley 489 de 13 de octubre de 2025. Con ello, Panamá abrió una nueva etapa de relaciones económicas con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
La oportunidad es considerable. Mercosur reúne economías con enormes capacidades industriales y agropecuarias, mientras Panamá aporta una posición geográfica privilegiada, el Canal, puertos en ambos océanos, conectividad aérea y una plataforma logística de alcance regional.
Pero hay una pregunta que merece más atención que los discursos sobre las oportunidades: ¿qué gana Panamá con Mercosur y, sobre todo, cómo se garantiza que los beneficios alcancen también al productor nacional?
La respuesta no debería estar en el entusiasmo excesivo ni en el temor a la apertura comercial.
Primero hay que aclarar algo fundamental. El ACE-76 no es un tratado de libre comercio ni implica una apertura automática del mercado panameño.
Así lo han explicado el Ministerio de Comercio e Industrias y la Asamblea Nacional durante el proceso de aprobación. El acuerdo constituye un marco para desarrollar progresivamente las relaciones económicas y comerciales con Mercosur.
Esto significa que el verdadero debate todavía tiene un largo camino por recorrer.
La preocupación por el agro no debe centrarse únicamente en el acuerdo marco, sino en las futuras negociaciones específicas que puedan desarrollarse y en las condiciones bajo las cuales se otorgaría acceso a productos provenientes de esos mercados.
Brasil y Argentina son potencias agrícolas. Su escala productiva, tecnología, infraestructura y capacidad exportadora son muy superiores a las de Panamá en numerosos rubros.
Pretender que un productor panameño compita únicamente por precio contra grandes productores sudamericanos sería poco realista.
Pero tampoco sería correcto concluir que la única alternativa es cerrar el mercado.
El desafío consiste en competir donde podemos hacerlo y proteger inteligentemente aquello que todavía necesita tiempo para fortalecerse.