El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha confirmado que Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal y candidato presidencial de la derecha, está formalmente investigado desde julio por presunto blanqueo de capitales, evasión de divisas y corrupción dentro del macrocaso Banco Master. La revelación se produce después de que el Supremo levantara parcialmente el secreto de sumario de una investigación que afecta a empresarios, políticos, funcionarios y magistrados del propio tribunal.
El caso coloca bajo el foco judicial al hijo mayor de Jair Bolsonaro a pocas semanas de las elecciones presidenciales. La investigación se centra especialmente en sus contactos con Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master y figura central de una trama financiera que la Policía Federal investiga por presuntos delitos de corrupción, blanqueo y fraude.
La principal conexión entre ambos es Dark Horse, la película biográfica sobre el expresidente Bolsonaro que Flávio impulsó y para cuya financiación habría recurrido a Vorcaro. Según los documentos ahora conocidos, el banquero transfirió 61 millones de reales —unos 12 millones de dólares— relacionados con el proyecto. Las autoridades tratan de determinar el destino y la naturaleza de esos fondos.
La relación entre Flávio Bolsonaro y Vorcaro ya había trascendido antes de que el Supremo confirmara la existencia del procedimiento. El candidato había negado públicamente conocer al banquero, pero posteriormente salieron a la luz encuentros y conversaciones entre ambos. La Policía Federal investiga ahora si las cantidades destinadas a la película fueron utilizadas de acuerdo con su finalidad declarada y si parte del dinero terminó canalizándose hacia EE UU. Los investigadores también han puesto el foco en la participación de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en la gestión de recursos vinculados al proyecto.
Flávio Bolsonaro sostiene que no ha cometido ninguna irregularidad. La existencia de una investigación, por sí sola, no implica una condena ni determina que los hechos investigados hayan sido probados. Precisamente por eso, el levantamiento parcial del secreto permite ahora conocer elementos que hasta este momento permanecían reservados, mientras otras partes de las actuaciones continúan bajo secreto.
El expediente que afecta a Bolsonaro hijo forma parte de una macrocausa. El Banco Master se encuentra en el centro de una trama en la que la Policía Federal trata de reconstruir una profunda e imbricada red de relaciones entre el banquero, políticos, empresarios y funcionarios del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El propio Supremo ha informado durante el año de distintas fases de la operación Compliance Zero, que investiga presuntos delitos financieros, corrupción activa y pasiva, blanqueo y organización criminal relacionados con el banco. En enero, el tribunal autorizó la ruptura del secreto bancario y fiscal de 101 personas y entidades y ordenó el bloqueo de bienes por 5.700 millones de reales (1.116,9 millones de dólares).
El caso ha adquirido además una dimensión institucional porque las pesquisas han alcanzado a personas relacionadas con miembros del propio Supremo. La esposa del magistrado Alexandre de Moraes tuvo un contrato profesional con Banco Master por concepto de una asesoría estratégica, mientras que el juez André Mendonça, designado por Jair Bolsonaro durante su presidencia, es el responsable de una parte central de las investigaciones. Mendonça también ha reconocido haber recibido una vez a Vorcaro y ha defendido la legalidad de su actuación. Moraes, por su parte, chateaba
La crisis ha abierto una disputa interna dentro del tribunal entre magistrados que mantienen posiciones enfrentadas sobre la conducción de las investigaciones. La pugna se ha enredado mucho más después de que un informe policial que reveló que Vorcaro mantenía una comunicación fluida con Moraes, como se desprende de su centenar de mensajes en un chat tres semanas antes de ser detenido, en el que le pedía mantenerle al tanto de los pormenores de la investigación, que entorpeciera las investigaciones o que le avisara si debía irse al extranjero.
La investigación sobre Flávio coincide con otra operación de la Policía Federal relacionada con la película sobre su padre. Los agentes realizaron registros en decenas de lugares para determinar si se utilizaron recursos públicos de manera irregular para financiar la producción.
Uno de los investigados es el diputado bolsonarista Mário Frias, antiguo responsable de Cultura durante el Gobierno de Jair Bolsonaro. La Policía analiza, entre otros elementos, el destino de recursos procedentes de enmiendas parlamentarias que fueron dirigidos hacia la película. Flávio Bolsonaro ha negado cualquier irregularidad y ha asegurado que no se utilizó dinero público para el filme.
El proyecto cinematográfico se había convertido en un elemento relevante de la estrategia de comunicación del clan Bolsonaro. El estreno estaba previsto inicialmente antes de las elecciones, pero las controversias sobre su financiación han terminado desplazándolo hasta después de los comicios. @mundiario
