Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, pendiente ahora de su capacidad para confrontar la profunda crisis que sufre la isla y las exigencias de Washington.
En siete días, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció por sorpresa las medidas, el pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC, único legal) las respaldó y una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) las ratificó.
El plan, al menos en su letra, supone un antes y un después en el sistema económico estatista y centralizado de Cuba, al buscar abrir y descentralizar una economía exhausta y paralizada por factores internos y, especialmente en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos.
Aunque también desde la presidencia de Raúl Castro (2008-2018) el Gobierno cubano había hecho planteamientos y anuncios reformistas que posteriormente no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron trabados en gran medida en una maraña burocrática.
Es difícil prever las consecuencias de estos movimientos. Algunos analistas apuntan hacia un escenario en línea con las transformaciones de sistemas como el chino y el vietnamita, mientras otros advierten sobre la posibilidad de que la isla se oriente más hacia un régimen económico como el ruso.
El actual paquete son 176 reformas, algunas de calado. Muchas se habían propuesto y anunciado en los últimos años, en ocasiones hace más de una década. Otras tratan de afrontar problemas recientes, como la escasez de combustible fruto del bloqueo petrolero de EU.
Las medidas van de la entrada en el sector turístico de "nuevos actores" en "nuevas modalidades" al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el papel del sector privado.
También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y municipios.
Asimismo se busca acabar con las graves distorsiones del sistema monetario (con dos monedas, tres tipos de cambio oficiales y una tasa informal dominante), ajustar el sistema tributario e incluso acabar con los subsidios universales a productos básicos (para ir hacia los subsidios a personas, solo para colectivos vulnerables).
El primer ministro, Manuel Marrero, al defender las iniciativas ante la ANPP, habló de "medidas de impacto estratégico" que en absoluto pervierten el carácter socialista del sistema económico cubano, sino que son "condición para su preservación".
Éstas, además, no serían las últimas reformas de La Habana. Como reveló EFE, Díaz-Canel ha puesto en marcha un grupo de expertos -que incluye economistas no oficialistas y críticos- para que planteen nuevas medidas más allá de las ya aprobadas.
Las iniciativas atacan dos realidades acuciantes para el Gobierno cubano: la dramática situación interna, con un alarmante deterioro económico, energético y social, y las presiones desde enero de Washington para que La Habana introduzca profundos cambios políticos y económicos.
La Administración del presidente Donald Trump ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y derivados en Cuba desde hace seis meses con un bloqueo petrolero que además de paralizar la economía estatal, está minando la educación, la sanidad y los servicios públicos más básicos, y llevando a máximos históricos los apagones en el país, con regiones con apenas dos horas de electricidad cada tres días.
El deterioro de la calidad de vida, progresivo en los últimos seis años y acelerado desde enero, está alentando inusuales protestas en la isla -pequeñas y pacíficas pero cada vez más frecuentes-, donde se tocan cazuelas y se quema la basura acumulada en las calles.
Además, EU ha provocado una desbandada de empresas internacionales que operaban en la isla (hoteleras, mineras, navieras, aerolíneas y bancos) con una orden ejecutiva que prevé sanciones secundarias para empresas que mantengan vínculos con el Estado cubano o sus compañías.
