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LA decisión inicial de la Audiencia Nacional de paralizar el traslado de más de un millar de migrantes desde la playa de El Trampolín a las nuevas plazas de acogida temporal en el Puerto de Ceuta fue otro golpe de la justicia al Gobierno. Lo hizo en atención al recurso presentado por un sindicato policial, el SUP. La orden se hizo pública cuando concluían los trabajos para instalar el campamento e imposibilitó que se iniciara ayer, como estaba previsto, su utilización. La urgencia de la decisión, sin siquiera escuchar al Gobierno -lo hizo ya ayer-, añadió más perplejidad a una nueva intervención judicial en el poder ejecutivo. Ayer miércoles rectificó y en un nuevo auto y los magistrados argumentaron al SUP que no estaba justificada la medida que solicitaba y que por unas horas ellos mismos aplicaron. Era de difícil explicación teniendo en cuenta la crisis que vive Ceuta desde hace mes y medio y la situación de abandono en que se encuentran esos miles de personas migrantes a la espera de los trámites legales para su devolución a Marruecos. No aportaba ninguna solución, solo más obstáculos a un problema social, político y humanitario ya grave. Está bien la marcha atrás de los jueces, pero para ese viaje no hacía falta tanto ruido. ¿Justicia de la agitación?.