18·09·26
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Actualizado a las 07:27
Migrantes que viven en chozas junto a la playa Benítez.
Reduan
LA decisión inicial de la Audiencia Nacional de paralizar el traslado de más de un millar de migrantes desde la playa de El Trampolín a las nuevas plazas de acogida temporal en el Puerto de Ceuta fue otro golpe de la justicia al Gobierno. Lo hizo en atención al recurso presentado por un sindicato policial, el SUP. La orden se hizo pública cuando concluían los trabajos para instalar el campamento e imposibilitó que se iniciara ayer, como estaba previsto, su utilización. La urgencia de la decisión, sin siquiera escuchar al Gobierno -lo hizo ya ayer-, añadió más perplejidad a una nueva intervención judicial en el poder ejecutivo. Ayer miércoles rectificó y en un nuevo auto y los magistrados argumentaron al SUP que no estaba justificada la medida que solicitaba y que por unas horas ellos mismos aplicaron. Era de difícil explicación teniendo en cuenta la crisis que vive Ceuta desde hace mes y medio y la situación de abandono en que se encuentran esos miles de personas migrantes a la espera de los trámites legales para su devolución a Marruecos. No aportaba ninguna solución, solo más obstáculos a un problema social, político y humanitario ya grave. Está bien la marcha atrás de los jueces, pero para ese viaje no hacía falta tanto ruido. ¿Justicia de la agitación?.
Colaboración. No hay amanecer que no aparezca una nueva amenaza de Trump para compartir el desayuno y el día que viene. La último, la advertencia a Europa de nuevos y duros aranceles y de que romperá el comercio con laUE si culmina sus negociaciones para blindar una alianza trasatlántica de colaboración preferente con Canadá. Trump alega que ese acuerdo con su vecino del norte, con el que mantiene un desencuentro tras otro y al que anhela convertir en el Estado 51, es una “amenaza hostil” para los intereses de EEUU Por mucho que le molesten a Trump, los pactos entre la UE y Canadá son un paso coherente y necesario para fortalecer sus debilidades en un mundo cambiante e inestable y ante el empuje de China y los vaivenes de Trump.
Pero Montesquieu murió hace tantos años que ya a nadie le interesa defender la separación de poderes como garantía democrática. Es imposible no ver en la sucesión de sentencias y actuaciones judiciales una estrategia para obstaculizar, cuando no usurpar, las funciones del Ejecutivo y Legislativo. Por supuesto, todo es por el bien de España, que es la versión de andar por casa de la cuestión de Estado. Esa idea predemocrática del bien de España es un manto negro con el que encubrir la porquería política en cualquier dimensión judicial, mediática, política... A las derechas españolas nunca les han gustado las mayorías democráticas si no son sus mayorías democráticas. Y prefieren desestabilizar la propia democracia que perder el control del poder en las estructuras del Estado.
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