La factura de la guerra golpeará a la industria española hasta 2027 a pesar de la paz en Irán

La paz puede llegar en cualquier momento, pero recuperar la normalidad económica llevará más tiempo. Aunque el alto el fuego entre Teherán y Washington aleje ... el riesgo de una crisis larga en Oriente Medio, la factura del conflicto seguirá golpeando a las empresas españolas durante este año y también el próximo. Por el estrecho de Ormuz, cuya apertura no está clara tras los renovados ataques de este sábado de Israel a Líbano, pasa alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y casi una quinta parte del gas natural licuado, suficiente para que cualquier amenaza sobre el corredor se traduzca en precios más altos, fletes tensionados, contratos energéticos al alza e inversiones aplazadas.

Ese es el trasfondo de la negociación que el Gobierno mantiene para decidir qué parte del escudo anticrisis seguirá viva a partir del 1 de julio. Las medidas aprobadas para contener la escalada energética vencen el próximo 30 de junio, aunque el Ejecutivo ya ha anunciado que prorrogará durante tres meses algunas de ellas. El decreto está previsto para el Consejo de Ministros del 29 de junio, pero la discusión ha desbordado el calendario: los sectores afectados ya no preguntan solo cuánto durarán las ayudas, sino qué papel deben jugar en una economía que sigue operando en «modo crisis».

La primera herida está en los precios. En la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Pedro González, su director general, admite que el consumo eléctrico industrial resistió al inicio del año, apoyado en precios más bajos, pero sostiene que ese impulso se ha truncado. El coste del segundo trimestre se eleva ya un 20% por encima de lo previsto antes de la guerra y el sector calcula que el precio de mercado y el sobrecoste de los ajustes superarán los 100 euros por megavatio hora, un nivel difícil de absorber para competir.

El escudo ha amortiguado parte del golpe. El Real Decreto-ley 7/2026 —con descuento del 80% en peajes, 300 millones adicionales en compensaciones por CO2 y supresión temporal del impuesto del 7% a la generación— ha reducido aproximadamente a la mitad una subida estimada en 24 o 25 euros por megavatio hora. Aun así, AEGE calcula que la factura eléctrica de la gran industria cerrará 2026 un 22% por encima de la de 2025. Ahí aparece la segunda herida: para las empresas electrointensivas, el debate ya no es solo de alivio coyuntural, sino de competitividad frente a otros países. «Aunque se acabe la guerra ya, el mercado anticipa que los problemas de suministro de gas natural van a continuar durante 2026 y 2027», advierte González.

El consumo de la industria acumula una caída del 26% respecto a los niveles previos a la crisis de Ucrania

El gas añade otra señal de deterioro. Verónica Rivière, presidenta de GasINDUSTRIAL, advierte de que el consumo gasista de la industria acumula una caída del 26% respecto a los niveles previos a la crisis de Ucrania y suma 18 meses consecutivos de descensos. A su juicio, no es una sustitución masiva por biometano, hidrógeno o electrificación, sino pérdida de actividad industrial. «Estamos descarbonizando la industria, deslocalizándola», resume. La frase condensa una inquietud que atraviesa al sector: la transición energética puede avanzar, pero no si la industria pierde antes la capacidad de producir.

Desde el otro lado del mercado gasista, Sedigas ve el nuevo decreto como una oportunidad para que las medidas anticrisis no solo mitiguen el impacto de la coyuntura geopolítica, sino que también refuercen «la competitividad industrial, la seguridad de suministro y el avance de la transición energética», apunta Julio César Gutiérrez, portavoz de Sedigas.

Esa es la tercera herida que deja abierta la guerra: cómo acelerar la transición sin dañar la competitividad. El discurso público empuja hacia la electrificación y los gases renovables, pero las empresas piden tiempo y reglas comparables con las de sus competidores europeos. La automoción lo vive con otra derivada: sus proveedores, altamente integrados en cadenas internacionales, la presión sobre los costes energéticos y logísticos, y tensiones en los plazos.

COAG denuncia subidas de más del 50% en fertilizantes, gasóleo agrícola y plásticos que atribuye a movimientos especulativos

A ese entorno se suma el retraso del Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones de euros, que el sector ya sitúa en agosto. Sernauto teme que, cuando llegue, lo haga con demanda acumulada suficiente para agotar rápido el presupuesto. La asociación pide medidas temporales para aliviar costes energéticos, líneas de financiación y avales públicos, así como flexibilidad regulatoria para preservar la competitividad. También advierte de que el encarecimiento del circulante y del coste del capital está obligando a priorizar proyectos o retrasar inversiones industriales.

La cuarta herida está en la competencia exterior. La siderurgia la sufre por dos vías: energía cara e importaciones. Unesid calcula que las medidas del Gobierno han reducido en torno a un 14% el coste energético del sector, pero reclama que los alivios más relevantes se consoliden. 2025 cerró con una producción de 11,8 millones de toneladas y un consumo de 13,4 millones, ambos en retroceso, mientras una de cada tres toneladas de acero consumidas en España procede ya de terceros países. Para el sector, la paz en Irán no resolverá una sobrecapacidad global que presiona los precios y erosiona la cuota europea.

La automoción espera el Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones de euros, y teme que el retraso hasta agosto lo haga llegar tarde y con demanda embalsada

La quinta herida está en los pagos pendientes y en la sospecha sobre los precios. En la carretera, la urgencia sigue siendo la compensación de 20 céntimos por litro de combustible, aún pendiente de autorización de Bruselas. En el campo, COAG denuncia que fertilizantes, gasóleo agrícola y plásticos llegaron a subir más de un 50% en plena escalada bélica pese a que España no sufrió escasez real y a que la dependencia de Oriente Medio para insumos como la urea apenas alcanzaba el 17%. No piden intervenir el mercado, sino transparencia sobre compras, ventas y estocaje para comprobar si hubo movimientos especulativos.

La prórroga ya está anunciada. Pero el Ejecutivo debe ahora decidir qué medidas sobreviven hasta octubre y cómo encajarlas con Bruselas. Para las empresas, el debate es más largo: la posible paz en Irán puede detener la escalada geopolítica, pero no borrar la factura económica de 2026.

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