Donald Trump presenta los aranceles como una defensa de la industria estadounidense, con un argumento sencillo: fabricar dentro de su país evita pagar impuestos a la importación, por lo que las empresas acabarán trasladando allí su producción. La lógica tiene atractivo político, al convertir una medida proteccionista en una promesa de futuro empleo. Pero olvida que, por ejemplo, fabricar un automóvil moderno no depende realmente de una sola fábrica.
Esta semana, después del fracaso de las negociaciones con Canadá, el presidente Trump ha anunciado que elevará al cincuenta por ciento los gravámenes sobre automóviles, componentes y acero canadienses desde el inicio de 2027. Esta medida, de confirmarse, volverá a colocar el comercio internacional ante una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar una política económica basada en levantar barreras?
El caso canadiense resulta especialmente revelador, porque los Estados Unidos y Canadá comparten una industria del automóvil integrada. Una pieza puede fabricarse en Ontario, viajar a Michigan para incorporarse a un vehículo y volver a cruzar la frontera antes de terminar su recorrido. Gravar cada movimiento no elimina la dependencia, sino que encarece la cadena; mostrando que una barrera pensada para proteger puede dificultar lo necesario para producir.
Canadá ha respondido anunciando represalias y prometiendo igualar los nuevos aranceles estadounidenses. La guerra comercial desatada afecta a dos países que durante décadas construyeron su prosperidad alrededor de un mercado común integrado. Ahora, una decisión tomada en Washington puede alterar inversiones, contratos y fábricas situadas a ambos lados de una frontera que parecía casi invisible para todos.
Además, un arancel lo cobra la aduana estadounidense al importador, no al Gobierno extranjero. Después, ese coste puede trasladarse al consumidor, al fabricante que utiliza la mercancía importada o al proveedor que intenta mantener su cuota de mercado. Por eso resulta engañoso presentar cada arancel como una factura enviada a otro país, pues parte de la factura puede acabar siendo pagada también allí dentro de Estados Unidos.
Pero Trump no parece dispuesto a abandonar su estrategia. La Administración está recurriendo a diferentes instrumentos legales después de que el Tribunal Supremo limitara este año una de las vías empleadas para imponer sus aranceles. Washington estudia nuevos gravámenes sobre productos chinos antes de una futura reunión entre Trump y Xi Jinping. La amenaza arancelaria sigue entonces funcionando, ahora como instrumento de negociación.
Una empresa puede asumir un impuesto elevado si conoce sus condiciones y sabe cuánto durará. Lo difícil es invertir cuando las reglas pueden cambiar tras una negociación fallida, una declaración presidencial o una nueva decisión judicial. El proteccionismo pretende ofrecer seguridad a la industria nacional, pero una política arancelaria imprevisible produce lo contrario: incertidumbre sobre cuánto costará mañana lo necesario para fabricar hoy.
Trump puede conseguir que algunas empresas produzcan más dentro de Estados Unidos, aunque también puede hacer más costoso lo que esas mismas empresas necesitan. La verdadera prueba no estará en el tamaño de cada porcentaje anunciado, sino en si Estados Unidos consigue producir más sin encarecerse hasta perder competitividad. Los aranceles prometen levantar una muralla, pero las economías modernas están construidas sobre puentes.
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