El reciente recorte de cerca de $236.000 millones en la inversión nacional prevista para el Huila ha desatado una controversia política. Mientras algunos responsabilizan al presidente Abelardo De La Espriella, otros atribuyen el ajuste al déficit fiscal y al endeudamiento heredados del gobierno de Gustavo Petro. También están quienes justifican la reducción por la necesidad de destinar recursos a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto. Entre acusaciones y explicaciones, estamos dejando de lado una discusión mucho más importante, nuestra dependencia económica del Gobierno Nacional.
Más allá de establecer quién tiene la culpa, deberíamos hacernos una pregunta, ¿Hasta cuándo seguiremos dependiendo de los recursos que se asignan desde Bogotá? Cada cambio de gobierno, crisis fiscal o ajuste presupuestal vuelve a poner en riesgo nuestras expectativas de inversión. Y seguimos esperando que las soluciones lleguen de afuera, en lugar de construir una economía regional capaz de generar mayores ingresos propios.
El problema es estructural. Nuestra economía todavía depende considerablemente de la producción de materias primas, con una capacidad insuficiente de transformación industrial y generación de valor agregado. Tenemos riqueza agrícola, potencial energético y una ubicación geográfica estratégica, pero necesitamos convertir esas ventajas en desarrollo económico.
Sin embargo, generar mayor riqueza no significa automáticamente recaudar más impuestos. Necesitamos fortalecer las finanzas territoriales mediante la formalización empresarial, la ampliación de las bases tributarias, una mayor eficiencia en el recaudo y una administración responsable del gasto público. No podemos aspirar a una verdadera autonomía fiscal si nuestros recursos se consumen principalmente en funcionamiento y no se convierten en inversión productiva.
Neiva, como capital del departamento, debe liderar esta transformación y consolidarse como capital industrial, comercial y logística del sur colombiano. Para lograrlo necesitamos infraestructura vial, conectividad aérea, servicios públicos confiables y una política seria de atracción de inversión privada. La Gobernación, las alcaldías, los empresarios y las universidades deben construir una agenda económica de largo plazo que trascienda los gobiernos.
Esto no significa renunciar a los recursos nacionales ni aceptar sin cuestionamientos los recortes presupuestales. La Nación tiene obligaciones con las regiones y debemos defender cada peso que nos corresponde. Pero también necesitamos entender que el desarrollo sostenible exige mayor capacidad para generar riqueza, empleo e ingresos propios.
La verdadera autonomía no consiste en dejar de recibir recursos de Bogotá, sino en tener la capacidad de progresar sin depender exclusivamente de ellos. Por eso, más allá de si la culpa es de Petro, de Abelardo o de las circunstancias nacionales, la pregunta que deberíamos hacernos es otra ¿Cuándo vamos a dejar de administrar nuestra dependencia para comenzar a construir nuestra propia riqueza?
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Felipe Olave Blackburn
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