La reciente validación del traslado de la sede social de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la localidad bonaerense de Pilar por parte de la Sala D de la Cámara Nacional en lo Civil, integrada por los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, no es un mero trámite de mudanza burocrática, sino la culminación de un pacto de mutua necesidad que degrada la institucionalidad tanto del deporte como de la política en la provincia de Buenos Aires.
Bajo la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, la casa madre del fútbol ha encontrado en el gobierno de Axel Kicillof una aduana protectora frente a las fiscalizaciones e investigaciones que la acechan desde el ámbito nacional.
El entramado de favores cruzados excede largamente la discusión sobre los modelos de gestión deportiva, dado que la celeridad con que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense bendijo el cambio de jurisdicción evidencia una decisión política inequívoca: construir una guarida legal para Tapia y su entorno, justo cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) y los tribunales penales económicos de la Nación avanzaban sobre maniobras de evasión fiscal y el uso de facturas apócrifas.
Al validar la mudanza a Pilar y, fundamentalmente, al dejar sin efecto la designación de los veedores de la IGJ que debían examinar las decisiones internas de la AFA, la resolución judicial debilita herramientas de transparencia que resultan esenciales. Se trata de un criterio que permitiría que cualquier entidad civil, en adelante, pueda evitar controles nacionales, obteniendo una simple inscripción en otra jurisdicción.
En este sentido, la mirada crítica de diversos especialistas del derecho, que calificaron el dictamen como un retroceso en materia de control público, expone un lógico malestar ante medidas que tienden a percibirse como un trato de excepción para el poder deportivo.
A cambio de este blindaje jurisdiccional, los beneficios fluyen en ambas direcciones con absoluta opacidad. Mientras el oficialismo provincial bloquea sistemáticamente en la Legislatura los pedidos de informes de la oposición, los bonaerenses asisten a la entrega del control del Estadio Único de La Plata a manos de la AFA, sin conocer cánones, beneficios ni contraprestaciones reales para el erario público.
Envalentonados por los incuestionables éxitos deportivos de la selección nacional, sus dirigentes pretenden erigir a la AFA como una suerte de Estado soberano, inmune a los controles legales y contables elementales que rigen para cualquier asociación civil del país.
Para que esto se efectivice, aparece la sombra del gobernador bonaerense, quien actúa como potencial garante de ese turbio escenario, subordinando las instituciones públicas a un intercambio de favores con el “armado federal” del fútbol de ascenso.
Frente al anuncio del gobierno nacional de apelar la cuestionable medida ante las máximas instancias judiciales, se abre un debate necesario sobre los límites de las competencias y la obligatoriedad de la transparencia. El fútbol es un pilar cultural y social del país; por ello, la preservación de su transparencia contable e institucional debe estar garantizada por encima de los alineamientos políticos de turno y de los intereses particulares de sus dirigentes.
El fútbol argentino merece transparencia, claridad y rendición de cuentas, y los ciudadanos requieren gobernantes enfocados en sus profundas urgencias socioeconómicas; porque cuando la política se confunde de manera tan burda con las corporaciones deportivas, la que termina perdiendo, invariablemente, es la ciudadanía.
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