Luego de la última ronda de negociaciones sostenida en Santiago entre el representante de la Oficina de Comercio de EE.UU. y la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales -donde nuestro país intenta que más productos de la canasta exportadora queden exentos del arancel de 12,5% que el gobierno norteamericano impuso a Chile, además de decenas de otras naciones-, se está a la espera de la respuesta que entregue Washington a la propuesta chilena. El contenido de las tratativas se ha mantenido bajo estricta reserva, pero de lo que ha trascendido es posible advertir que alcanzar un acuerdo no será fácil, porque la administración Trump está utilizando los aranceles como mecanismo de presión para velar por sus propios intereses. Ello obliga a que los equipos negociadores deban poner especial celo respecto de los términos de un eventual acuerdo, siendo por lo mismo imprescindible fijar desde ya las “líneas rojas”, aun si ello puede conllevar repercusiones.
La posición de Chile ha sido firme en defender la vigencia del acuerdo de libre comercio que se suscribió con Estados Unidos en 2004, asegurando que las exportaciones ingresen con arancel cero. La imposición unilateral de tarifas por parte de Washington alegando razones que en el caso de Chile resultan espurias -la razón formal para el incremento de las tarifas a este grupo de naciones es que utilizan insumos que han sido fabricados en condiciones de esclavitud- ciertamente vulnera lo establecido en el TLC, y por ello el equipo negociador de nuestro país se ha resistido a la idea de aceptar que se imponga una sobretasa. Washington ya le había propuesto a Chile firmar un Acuerdo de Comercio Recíproco -el cual contempla un arancel del 10%, fórmula que otros países sin TLC decidieron suscribir-, lo que no fue aceptado y que habría sido uno de los motivos por los cuales se impuso el máximo nivel contemplado del 12,5%.
Sin perjuicio que como en toda negociación las partes deberán ceder en algunas de sus pretensiones, nuestra Cancillería no debería consentir bajo ninguna forma que eventualmente Estados Unidos pueda condicionar o vetar acuerdos comerciales que Chile suscriba con terceros, como algunos han especulado. Ello implicaría renunciar a lo que ha sido la base de nuestra política exterior, que ha logrado construir una de las redes más poderosas de tratados de libre comercio en el mundo. Son alrededor de treinta acuerdos, abarcando a más de 60 economías, las que concentran a la mayor parte de la población mundial. Si rechazar una exigencia de este tipo arriesga consecuencias, no quedaría más que buscar mercados alternativos.
Hay también un tema especialmente sensible en la forma como Chile trata sus intereses con China. Estados Unidos ha sido categórico en que el “cable chino” que conecte al país asiático con las costas chilenas supone entregar soberanía y representa una amenaza para la seguridad norteamericana. Es posible que en un eventual acuerdo implique la implementación de un “screening de inversiones”, mecanismo que existe en distintas partes del mundo y que puede ser útil, en la medida que no incurra en decisiones discrecionales.
Lo cierto es que frente a la incertidumbre que se ha abierto, el país debe acelerar los acuerdos comerciales que hoy negocia, como es el caso de India, lo que constituiría un importante resguardo.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
