Huerna, financiación, industria y cercanías: retos de Asturias que el debate nacional querrá enterrar

La supresión del peaje del Huerna, una financiación autonómica que reconozca el envejecimiento y la dispersión, la transformación industrial y la mejora de las cercanías forman parte de las demandas que Asturias lleva a las elecciones generales. Aunque el debate nacional tienda a concentrarse en la vivienda y en la confrontación de bloques ideológicos, numerosos asuntos regionales dependen de decisiones del próximo Gobierno de España. Algunas estaban ya presentes en la campaña de 2023. En condiciones normales, todos los partidos tratarían de incorporar a los programas electorales de sus formaciones nacionales alguna demanda para Asturias. En esta ocasión, las reclamaciones de los socialistas asturianos, muchas de ellas contra el criterio del Gobierno de Pedro Sánchez, poco encaje tendrán en las promesas de campaña del PSOE nacional; los partidos de la oposición lo tienen más fácil. Les basta con elevar la voz sobre lo que ha desoído Sánchez.

El balance respecto a lo que se reclamaba en la campaña de 2023 incluye avances. La variante de Pajares ha entrado en servicio y ha mejorado la conexión ferroviaria con la Meseta. También progresan inversiones industriales y actuaciones en la red eléctrica. Pero continúan las reclamaciones sobre comunicaciones interiores, accesos portuarios y financiación de los servicios públicos. En dos asuntos centrales, el Huerna y el reparto autonómico, el Principado mantiene discrepancias con el Ejecutivo nacional.

Esa situación introduce una dificultad para la Federación Socialista Asturiana: hará campaña por la continuidad de un Gobierno al que el Ejecutivo de Adrián Barbón exige rectificaciones. La oposición puede utilizar esas reclamaciones para justificar el cambio político. La FSA tendrá que explicar cómo encajan sus demandas territoriales en la propuesta nacional que respalda.

La diferencia puede alcanzar a las autonómicas. Si continúa el PSOE, los compromisos obtenidos durante esta campaña permitirán evaluar la capacidad de influencia de los socialistas asturianos. Si gobierna el PP, sus representantes regionales deberán conseguir de su Ejecutivo las decisiones que ahora reclaman. La campaña fijará posiciones que después podrán exigirse desde responsabilidades distintas.

El Gobierno asturiano autorizó en junio el recurso ante el Tribunal Supremo contra la prolongación de la concesión del Huerna. El Principado cuestiona una ampliación de 29 años que considera una modificación sustancial del contrato original en beneficio de la concesionaria. La impugnación expresa la posición autonómica; corresponde a los tribunales resolverla.

La controversia requiere también una respuesta política. Las alternativas (anulación de la prórroga, negociación, rescate o ampliación de bonificaciones) tienen consecuencias jurídicas y económicas diferentes. El compromiso electoral pasaría por precisar el procedimiento, el plazo y la financiación.

A esa reclamación se añade el cobro durante las obras y las restricciones de circulación. El desacuerdo entre el Principado y Transportes sobre la actuación de la concesionaria mantiene abierto un conflicto entre administraciones gobernadas por el mismo partido.

La reforma de la financiación autonómica, ahora congelada, pero pendiente, condicionará los recursos para sanidad, educación y servicios sociales. Asturias reclama un reconocimiento suficiente del envejecimiento, la dispersión y la orografía, factores que influyen en el coste de prestar esos servicios.

El Ejecutivo regional confirmó en agosto su rechazo a la propuesta estatal por considerar que no responde a esas necesidades. Fundamentó su posición en los acuerdos de la Junta General de 2020 y la Declaración de Santiago de 2021.

La discrepancia plantea al PSOE asturiano una cuestión concreta: qué cambios defenderá en el modelo de su Gobierno. El PP deberá explicar su alternativa y cómo conciliará la posición asturiana con las demandas de otras comunidades, incluidas las que gobierna.

La transformación industrial depende de decisiones empresariales y de políticas estatales sobre ayudas, electricidad y competencia internacional. Su alcance afecta tanto a las grandes factorías como a las auxiliares.

Las propuestas electorales tendrán que concretar el apoyo a la industria electrointensiva, las ayudas a la descarbonización y los compromisos de actividad y empleo asociados. La defensa de la producción europea frente a importaciones sometidas a condiciones distintas también afecta a la competitividad regional.

La capacidad eléctrica es otra condición. En julio se anunció el inicio de la subestación de Cardoso, en Carreño, con 26,5 millones de inversión, dentro del anillo central. La ejecución de la red debe acompañar las necesidades de las fábricas y los nuevos proyectos.

La apertura de Pajares modifica el balance respecto a 2023, pero las cercanías acumulan problemas en frecuencias, puntualidad, cancelaciones y tiempos de viaje.

La renovación comprende infraestructura, señalización, estaciones y material móvil. Barbón anunció en septiembre el estudio de una eventual transferencia de gestión al Principado. Esa posibilidad incorpora al debate las competencias que se asumirían, el estado de la red y los recursos necesarios para explotarla. Una transferencia también trasladaría responsabilidad política sobre el funcionamiento del servicio.