Qué leyes volverían a regir si Diputados deroga el DNU 70 de Javier Milei

La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, el megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, lo que significa que un voto negativo en la Cámara baja representaría su derogación definitiva. Si eso ocurre, una serie de regulaciones que hoy están derogadas volverían a tener fuerza de ley.

El fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del decreto —el que había eliminado los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros— fue el detonante de la convocatoria opositora. La resolución judicial tomó por sorpresa incluso al Gobierno y reavivó el debate sobre la validez de todo el texto del megadecreto, compuesto por 366 artículos.

En agosto de este año, el Senado le dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo retirara el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales y también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

Una de las consecuencias más directas para los hogares sería la reinstauración de la Ley de Alquileres. El DNU 70 la derogó al inicio de la gestión de Milei, desregulando los contratos de locación y liberando las condiciones de actualización. Si el decreto cae, la normativa anterior retornaría automáticamente, con sus plazos mínimos de tres años y sus mecanismos de ajuste semestral por el índice Casa Propia.

El megadecreto también eliminó los controles sobre los precios de las empresas de medicina prepaga, que hasta entonces debían solicitar autorización estatal para aumentar sus cuotas. La caída del DNU implicaría retornar a ese esquema de intervención, con el Estado como árbitro de los incrementos del sector.

El DNU 70/23 ordenó la transformación de todas las empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas “para su posterior privatización”, según explicó el propio Milei al anunciar las medidas. Si el decreto cae, ese proceso quedaría sin efecto y volverían a regir las figuras jurídicas previas: Empresas del Estado, Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta. También se revertiría la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).

El megadecreto, además, incluyó disposiciones que autorizaban la cesión del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, total o parcialmente, a sus trabajadores en el marco del Programa de Propiedad Participada. Si el decreto es derogado, esa habilitación legal desaparecería, lo que complicaría cualquier proceso de privatización o traspaso que el Gobierno impulse por esa vía.

Dos herramientas de intervención en el mercado que el Gobierno de Milei eliminó por considerarlas incompatibles con su modelo desregulatorio quedarían reinstauradas. La Ley de Abastecimiento habilitaba al Estado a regular precios, márgenes de ganancia y condiciones de comercialización ante situaciones de desabastecimiento o especulación. La Ley de Góndolas, por su parte, obligaba a los supermercados a reservar espacios en las estanterías para productos de pequeñas y medianas empresas y a exhibir precios de manera transparente.

El DNU 70 desreguló los servicios de internet satelital, lo que permitió la expansión de operadores como Starlink en el mercado argentino. Un rechazo en Diputados pondría en un limbo jurídico ese marco, con potencial impacto sobre las condiciones de operación de esas empresas.

Otra norma que recuperaría vigencia es la Ley de Compre Nacional, que establece preferencias para los bienes y servicios de origen argentino en las licitaciones y contrataciones del sector público. El DNU la había derogado como parte de la apertura al comercio exterior.

La liberalización del transporte aéreo, conocida como política de cielos abiertos, fue otro de los capítulos del DNU 70. Su derogación podría revertir las condiciones bajo las que operan actualmente las aerolíneas en el mercado doméstico e internacional, aunque su impacto concreto dependería de la interpretación jurídica y de eventuales medidas cautelares.

En materia de comercio exterior, el megadecreto eliminó el registro obligatorio que debían cumplir quienes quisieran exportar o importar, y le quitó al Poder Ejecutivo la facultad de imponer restricciones a las exportaciones e importaciones por motivos económicos. La derogación del DNU devolvería esas atribuciones al Estado

El DNU 70/2023 disolvió el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que regula el mercado yerbatero y que tiene especial peso político en la provincia de Misiones. Su restitución generaría presiones desde esa región, cuyos legisladores ya manifestaron incentivos para votar a favor de la derogación del decreto.

El Gobierno descarta que la oposición logre el quórum necesario para sesionar —129 diputados— y trabaja en alternativas para neutralizar la ofensiva. Una de las opciones que circula en el oficialismo es incorporar un nuevo capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros en la Ley de Soberanía Nacional, proyecto que comenzó a debatirse en comisión esta semana.

“La prioridad es derogar el DNU 70. La patria, nuestra soberanía territorial y la tierra como capital de trabajo están en peligro”, sostuvo la diputada Victoria Tolosa Paz. Y remarcó que la tierra constituye un recurso estratégico para el desarrollo de la Argentina y para el crecimiento de la agroindustria.