Trump redobla la asfixia contra Cuba y maniobra para evitar otra condena de la ONU

Un ciudadano camina por una calle de noche durante un apagón nacional en La Habana, capital de Cuba. EP.

Estados Unidos lleva más de seis décadas intentando doblegar a Cuba mediante el aislamiento económico. Treinta y tres resoluciones de Naciones Unidas han reclamado el fin de una política que ha sobrevivido a presidentes demócratas y republicanos, a la caída de la Unión Soviética y a sucesivas crisis diplomáticas. Sin embargo, Donald Trump ha decidido llevar la presión sobre La Habana un paso más allá: no solo ha intensificado el cerco sobre el suministro de combustible, sino que su Administración está tratando de impedir que la comunidad internacional vuelva a condenar el bloqueo. La próxima batalla se librará esta semana en la Asamblea General de la ONU, donde Cuba volverá a exigir el levantamiento de unas sanciones que condicionan su economía desde 1962.

La votación, prevista para los días 27 y 28 de octubre, llega en uno de los momentos más delicados para la isla. Los apagones prolongados, la escasez de alimentos y medicamentos, la inflación y el deterioro de los servicios públicos han agravado una crisis que se prolonga desde hace años. A los problemas estructurales de la economía cubana se ha añadido este 2026 una ofensiva estadounidense dirigida especialmente contra el abastecimiento energético. Washington pretende aumentar la presión sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, pero las consecuencias recaen también sobre una población que ya soportaba enormes dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

La dimensión diplomática de esa estrategia quedó al descubierto el pasado 21 de octubre. El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció que el Departamento de Estado estadounidense estaba ejerciendo presiones sobre distintos gobiernos para que modificaran su posición en la votación de Naciones Unidas. Según su relato, Washington habría amenazado con restricciones de visados, aranceles punitivos, sanciones económicas y suspensión de programas de cooperación a los países que respaldasen la resolución cubana.

Rodríguez aseguró que esas presiones incluían advertencias sobre posibles interferencias electorales y apoyo a movimientos opositores en terceros países. Se trata de acusaciones formuladas por el Gobierno cubano que no han sido acreditadas públicamente en todos sus extremos. Reuters solicitó una respuesta al Departamento de Estado, que no contestó inmediatamente. Lo que sí está confirmado es que la Administración Trump ha puesto en marcha una campaña diplomática para intentar reducir el respaldo internacional a la condena del embargo.

La ofensiva estadounidense no se limita a los discursos diplomáticos. Desde comienzos de año, Washington ha endurecido las restricciones sobre los envíos de petróleo a Cuba, un recurso indispensable para una economía cuya generación eléctrica depende en buena medida de combustibles fósiles y de centrales envejecidas.

La política de Trump ha afectado al suministro de carburantes, al transporte y a las actividades productivas. Las dificultades energéticas también han repercutido sobre servicios esenciales y conexiones internacionales. El pasado 20 de octubre, China tuvo que organizar un vuelo adicional desde La Habana para facilitar la salida de viajeros afectados por cancelaciones y modificaciones de rutas aéreas relacionadas con la falta de combustible.

Las autoridades estadounidenses han intervenido además contra operaciones concretas de abastecimiento. A principios de octubre anunciaron la incautación de 90 cargamentos de biodiésel destinados a una empresa estatal cubana sancionada, valorados en cerca de tres millones de dólares. Washington sostiene que estas actuaciones forman parte de la aplicación de sus sanciones y permite determinadas operaciones de suministro dirigidas al sector privado.

La distinción administrativa entre castigar al Estado y preservar a la población resulta mucho menos sencilla cuando el combustible escasea en un país entero. El transporte de mercancías, la producción agrícola, los hospitales y el suministro de agua dependen, directa o indirectamente, de una infraestructura energética sometida a fuertes restricciones.

El propio deterioro de esa infraestructura también tiene responsables internos. Cuba arrastra décadas de inversiones insuficientes, centrales termoeléctricas obsoletas, dificultades de gestión y problemas de productividad. El sistema político de partido único restringe las libertades civiles y mantiene una fuerte concentración del poder económico. La crisis actual no puede atribuirse exclusivamente al embargo estadounidense.

Pero reconocer esas responsabilidades no elimina el efecto de las sanciones. La escasez de combustible y las restricciones financieras agravan problemas que ya existían y reducen la capacidad del país para afrontarlos. La presión de Washington añade nuevos obstáculos a una economía que difícilmente puede absorberlos sin trasladar parte de sus consecuencias a la vida cotidiana de los cubanos.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha reclamado el levantamiento del embargo estadounidense de manera reiterada desde 1992. En la última votación, celebrada el 29 de octubre de 2025, 165 países apoyaron la resolución presentada por Cuba, siete votaron en contra y doce se abstuvieron.

Entre los votos contrarios figuraron Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. El resultado supuso una reducción de los apoyos a La Habana respecto a 2024, cuando 187 países habían respaldado la condena y únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra.

La disminución evidenció que la presión diplomática estadounidense podía encontrar cierto margen de maniobra, aunque Washington volvió a quedar en una posición ampliamente minoritaria frente a los gobiernos que reclamaban el final del embargo.

La resolución de 2025 recordó los principios de soberanía de los Estados, no intervención y libertad de comercio y navegación recogidos en el derecho internacional. También expresó preocupación por los efectos extraterritoriales de las medidas estadounidenses, especialmente aquellas que pueden afectar a empresas, bancos y ciudadanos de terceros países.