La memoria del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana deja una conclusión que conviene analizar con detenimiento. La economía regional mantiene un ritmo de crecimiento superior al de buena parte del país y el mercado laboral continúa ofreciendo señales de fortaleza, pero esa evolución positiva no está mejorando con la misma intensidad la vida cotidiana de los ciudadanos. Existe, por tanto, una brecha cada vez más evidente entre los indicadores macroeconómicos y la realidad que afrontan miles de familias.
Los datos reflejan una economía capaz de resistir un escenario complejo y de seguir generando actividad. El crecimiento del PIB, el avance del empleo y la recuperación tras episodios tan duros como la dana demuestran que el tejido productivo valenciano conserva una capacidad de adaptación nada desdeñable. Sin embargo, esos logros pierden parte de su valor cuando la renta por habitante apenas progresa y la productividad continúa estancada. Crecer es importante, pero hacerlo sin aumentar el bienestar colectivo acaba generando una percepción de prosperidad incompleta.
En Castellón esta contradicción resulta especialmente reconocible. La industria, el turismo o las exportaciones sostienen una economía dinámica, mientras muchas familias siguen viendo cómo acceder a una vivienda, por ejemplo, se convierte en un objetivo cada vez más lejano. El fuerte incremento del precio residencial es hoy uno de los principales factores de desigualdad y amenaza con dejar fuera del mercado a jóvenes, trabajadores e incluso hogares con ingresos estables. La vivienda ha venido a condicionar el desarrollo económico y social.
A ello se añaden otras señales que no pueden pasar desapercibidas. Las listas de espera sanitarias siguen creciendo, la pobreza mantiene una presencia preocupante, la integración de una población cada vez más numerosa exige mayores recursos y la crisis climática obliga a replantear políticas públicas con visión de largo plazo. Son desafíos que no desaparecen porque las cifras del PIB sean favorables. Al contrario, un contexto de crecimiento debería facilitar precisamente la capacidad de afrontarlos.
El informe vuelve además a poner el foco sobre una reivindicación que la Comunitat lleva años sosteniendo con argumentos difíciles de rebatir. La infrafinanciación autonómica continúa limitando el margen de actuación de las administraciones y reduce su capacidad para responder a estas necesidades. Sin una reforma que garantice recursos suficientes y estables, cualquier estrategia para reforzar los servicios públicos o impulsar nuevas inversiones seguirá encontrando un techo difícil de superar.
También conviene no caer en la complacencia que pueden transmitir algunos indicadores laborales. El empleo evoluciona favorablemente, pero persisten desequilibrios que afectan especialmente a jóvenes y mujeres. La calidad del trabajo, las oportunidades de acceso y la capacidad de los salarios para sostener un proyecto de vida deben formar parte del mismo análisis. De poco sirve aumentar la ocupación si una parte creciente de los trabajadores sigue teniendo dificultades para emanciparse o llegar a fin de mes. La memoria del CES no cuestiona el avance desde el punto de vista económico, lo que advierte es que ese avance resulta insuficiente cuando no se traduce en mejores condiciones de vida.
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