Las exigencias de Trump

No iba a ser gratis. La firma del T-MEC y la renovación extendida del acuerdo comercial pasarían costos y factura. Y apareció la auténtica intención, como largamente habíamos pronosticado.

Esa es la mentalidad de Donald Trump, claramente manifiesta y expresada en su libro acerca de la negociación. Si da algo, exige a cambio suficientes ventajas que le permitan sentirse ganador.

Es básico, primitivo, pero así funciona, especialmente cuando se trata de comercio internacional o de relaciones bilaterales. No se pueden comprimir a un reduccionismo simple como el “debe” y el “haber” en columnas primarias de contabilidad.

Por ello le ha resultado extremadamente difícil comprender el déficit comercial para Estados Unidos. Les vendemos mucho, nos compran mucho, y la balanza de pagos mantiene un superávit comercial para México. Desde su óptica, es un error que ha pretendido equilibrar con aranceles.

Pero ahora se exhibe su auténtica intención: la energía mexicana.

De la misma forma que operó con Venezuela al tomar control prioritario de su petróleo con venta exclusiva para Estados Unidos a precios preferenciales, Trump exige que México le entregue facilidades de producción y generación en Pemex para empresas estadounidenses y una mayor adquisición de gas natural.

Se ha descubierto por completo. El mensaje a México es: “Si quieren mantener el T-MEC y la serie de ventajas comerciales que otorga, tendrán que pagar con concesiones de energía”.

En realidad, era muy previsible, especialmente después del caso Venezuela, o de las condiciones de ayuda a Ucrania con los minerales raros.

Trump es un negociante, no un estadista, y muchos pondrían en tela de duda su capacidad política, aunque él mismo se autoelogia por sus cualidades sin precedentes.

La presidenta ha sido firme en defender la energía como patrimonio de México; la ley reformada por Morena no permite inversión extranjera en Pemex o la asignación de pozos como proyectos de exploración y explotación. Pero la presión es enorme.

El otro factor de demanda por parte de Washington recae, como hemos señalado en días anteriores, en el señalamiento de seguridad y la vinculación de políticos mexicanos con organizaciones del crimen organizado: cárteles de la droga, pero también contrabandistas de combustibles y otros delitos relacionados con políticos.

Ese es el eslabón más débil en la compleja cadena de relaciones multinivel entre ambos gobiernos. Se podrá avanzar y alcanzar acuerdos en materia migratoria, en el minado y accidentado terreno comercial, en la coordinación para la detención de narcos, líderes de cárteles, y jefes de plaza de mediana o poca monta.

Pero Washington quiere a los que denomina como narcopolíticos porque afirma que representan un atentado permanente a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

A su juicio, y existen fundamentos para sustentar esa visión, mientras que funcionarios mexicanos de todos los niveles colaboren, protejan, encubran y permitan que estas organizaciones y sus líderes continúen operando con impunidad, el tráfico de sustancias a territorio estadounidense no se detendrá.

Es ahí justamente donde la presidenta Sheinbaum se ha negado a actuar con firmeza, con verticalidad en la defensa de los intereses de México y no de su partido.