Bukele quedó atrapado en su propia paradoja de “mano dura”; su modelo se desmorona

La propuesta de Nayib Bukele de dar libertad condicional para un porcentaje de presos de El Salvador deja muchas preguntas. Su modelo quiso ser tan rígido que ahora no tiene herramientas legales para liberar a las personas que metió a prisión, muchas por error.

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Humberto Adonay Escobar volvía de Guatemala a El Salvador en mayo de 2025 con una caja de accesorios de belleza que vendía por Facebook. Pasó la aduana, luego un control policial, pero kilómetros más adelante lo detuvieron unos militares que, como explica su hermana, Ingrid, no deberían haber estado cumpliendo tareas de la fuerza pública. Fue encarcelado sin un proceso justo y menos de tres meses después, el 6 de julio, murió bajo custodia del Estado.

El de Escobar es solo uno de los 575 casos de personas que han muerto bajo custodia del…

El de Escobar es solo uno de los 575 casos de personas que han muerto bajo custodia del Estado en El Salvador sin ninguna condena, según documenta la organización Socorro Jurídico Humanitario, que dirige Ingrid. Desde que se inició el régimen de excepción, bajo el modelo de seguridad de “mano dura” de Nayib Bukele, se ha encarcelado a más de 93.000 personas. Distintas ONG han advertido que miles de estas eran inocentes y que, además de ser privadas de la libertad, han sufrido abusos que en ocasiones han conducido a la muerte.

“Hay mucha gente que ha muerto por negación del derecho a la salud”, dice Escobar en entrevista con El Espectador.

De acuerdo con la activista, se han denunciado brutales castigos físicos que derivaron en un grave “síndrome del riñón” entre la población carcelaria, desencadenando cuadros de insuficiencia renal irreversible que, sumados a la falta de hidratación y atención médica, terminaron costándoles la vida a cientos de personas y mantienen a muchas otras a punto de morir.

Ahora, sin embargo, el gobierno de Bukele está evaluando liberar de forma anticipada y condicional a cerca del 50 % de los presos que encarceló: los que están acusados de cargos de “menor responsabilidad”, según dijo.

“Tomando en cuenta que venimos de un país donde la violencia era parte del día a día y las pandillas eran el verdadero gobierno, la verdadera dictadura. Estas personas vivían bajo ese yugo, pero no es lo mismo formar parte de quienes lo aplicaban que simplemente sobrevivir a esa realidad”, justificó Bukele.A juicio de Escobar, esta declación es la prueba de que la justicia salvadoreña no pudo establecer culpabilidades sobre personas y de que busca vaciar las cárceles de quienes eran inocentes.

“Lo que demuestra indudablemente es que hay una enorme incapacidad institucional a través del órgano de justicia para realmente determinar cómo ellos mismos dictaminaron la culpabilidad de estas personas. Definitivamente es un fracaso institucional”, dice Escobar.

No es la primera vez que ocurre algo como esto. En noviembre de 2024, el propio Bukele admitió haber liberado a unos 8.000 inocentes. El mandatario argumentó que las operaciones policiales no son perfectas y que países como Francia o Alemania también tienen un “margen de error” en sus capturas. Sin embargo, se ha resistido a reconocer que fue un error grave en el proceso.

“Ahora lo presenta (la liberación) como si fuera una misericordia o un favor”, dice Escobar. “¿Será que cuenta con poder para resucitar a estas personas que murieron en custodia?”, pregunta.

No hay una sola causa. Escobar comenta que el próximo 26 de octubre, tres organizaciones de derechos humanos, entre ellas la suya y Cristosal, llevarán a Panamá, país que acogerá el 197 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema de las muertes bajo custodia en El Salvador. El Estado salvadoreño fue convocado, aunque ella admite que podría no presentarse, como ya ocurrió antes.

En marzo, en otra audiencia en Guatemala, un grupo internacional de expertos concluyó que hay bases razonables para hablar de crímenes de lesa humanidad y la viceministra de Relaciones Exteriores salvadoreña no respondió a los señalamientos. Por esta razón, Escobar cree que Bukele, por primera vez, sabe que es “probable que sea justiciable”, pues El Salvador ratificó el Estatuto de Roma en 2016.

Dicho tratado otorga competencia complementaria a la Corte Penal Internacional (CPI), así que si la justicia local evita sancionar las torturas o muertes sistemáticas bajo custodia estatal, el tribunal de La Haya puede abrir expedientes individuales contra altos mandos del gobierno, saltándose incluso la inmunidad presidencial, explica Escobar. Por esta razón, Bukele estaría intentando hacer un “control de daños” antes de que las investigaciones avancen.