“Los Estados Unidos no acordaron renovar el USMCA. Seguiremos trabajando con México y Canadá para atender las deficiencias del acuerdo y nuestros déficits comerciales”. La declaración de Jamieson Greer, representante comercial de EE. UU., tras la videoconferencia trilateral de esta mañana no derrumbó el T-MEC. El tratado sigue en vigor. Lo que sí hizo fue activar un esquema de revisión permanente: diez años de evaluaciones anuales hasta 2036, renovable por dieciséis años si los tres socios coinciden durante el ciclo. En paralelo, Trump adelantó que buscará acuerdos bilaterales con México y Canadá por separado. La mesa trilateral, en los hechos, se fragmenta.
Trump firmó el USMCA en 2020 y lo presentó como “el acuerdo comercial más justo, equilibrado y beneficioso”. Hoy lo describe al revés: “no sé si voy a renovarlo, no necesitamos nada que Canadá o México tengan, pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos”. La contradicción no es nueva. El Cato Institute —difícilmente sospechoso de simpatía hacia México— ha descrito esta postura como “mejor interpretada como una táctica de negociación”. Los aranceles cero para bienes que cumplen reglas de origen del T-MEC siguen intactos desde el Liberation Day de abril. El artículo 34.6 le permite a Washington retirarse con solo seis meses de aviso; no lo ha hecho. Trump no quiere un T-MEC muerto: lo quiere condicionado, con palanca anual de negociación.
Los números explican ese margen de presión. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Norteamérica —cerca de 800,000 millones de dólares anuales—; el 98% de las exportaciones de ropa del primer trimestre fueron a EE. UU. y 94% se benefició del T-MEC. La formación bruta de capital fijo cayó 6.3% anual en 2025 y Banamex proyecta un crecimiento de apenas 1.3% en 2026 y 1.8% en 2027, con un peso a 17.9 al cierre de este año y 18.3 al del próximo. Reuters estima que el régimen de revisiones anuales prolongadas puede restar entre 0.2 y 0.8 puntos del PIB al año por inversión diferida y relocalización postergada.
La demanda más concreta que está sobre la mesa es también la más disruptiva: Washington busca que hasta 50% del contenido de los vehículos norteamericanos provenga de proveedores estadounidenses. Bajo el paraguas de la “seguridad económica” caben además restricciones en energía, semiconductores y minerales críticos. El costo es real: proyectos de ciclo combinado, solar y almacenamiento en el sector eléctrico dependen de horizontes de diez años. Cuando cada julio reabre la negociación, esos horizontes se acortan artificialmente. La tercera ronda bilateral arranca la semana del 20 de julio en Ciudad de México, con reglas de origen automotriz y aranceles de acero y aluminio bajo la Sección 232 sobre la mesa.
El wildcard es político: las elecciones intermedias en noviembre. Si los demócratas recuperan una cámara, la retórica de confrontación pierde tracción y México y Canadá recuperan margen de maniobra. Pero ese escenario no modifica el presente. El escenario base es el que Ebrard llama “cabeza fría y firmeza”. Mantener el acuerdo vivo aunque cada aniversario implique renegociar condiciones. El T-MEC no se rompió hoy y probablemente no se rompa. Pero entra en una fase distinta, de negociación permanente bajo presión asimétrica. El riesgo real ya no es la terminación en 2026, sino algo más costoso y menos visible: la parálisis de inversión que se acumula cuando la certidumbre se renegocia cada doce meses. El mercado lo entiende antes que los comunicados. El sector eléctrico ya lo mide.
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