El Gobierno rechaza el recurso de Fernández y Agra por el Banco Voii y habilita el avance de la venta a Cocos Capital

El ministro de Economía Luis Caputo rechazó el último recurso administrativo presentado por la contadora Valeria Fernández y el financista Juan Manuel Agra en su intento por adquirir el Banco Voii, cerrando definitivamente esa vía para la operación. La resolución, conocida la semana pasada, ratifica la postura que el BCRA había adoptado en 2024 al bloquear la transferencia accionaria de la entidad a esos compradores.

Con ese cierre, el camino queda despejado —al menos en el plano administrativo— para que Cocos Capital avance hacia la compra del banco, aunque la operación todavía aguarda la aprobación formal del directorio del BCRA.

La resolución firmada por Caputo no deja margen de maniobra. El texto oficial les comunica a Fernández y Agra que “la vía administrativa se encuentra agotada” y que tienen expedita la acción judicial, con un plazo de 180 días hábiles para ejercerla. Fuentes cercanas al caso señalan, sin embargo, que ninguno de los dos presentará acciones legales: ni contra el BCRA ni contra Cocos Capital.

El argumento formal del rechazo es preciso: los oferentes no cumplían con la totalidad de las condiciones establecidas en las normas regulatorias para operar una institución bancaria. Esa fue la posición del BCRA en 2024. Caputo la ratificó ahora en la instancia ministerial, cerrando el ciclo administrativo de una disputa que se extendió por más de dos años.

Fernández y Agra no son figuras ajenas a la justicia. Ambos están investigados en causas vinculadas a maniobras con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández, en un circuito financiero que habría defraudado al BCRA en aproximadamente u$s3.500 millones mediante operaciones cambiarias irregulares.

El rol de Fernández en esa trama es específico. Según la causa que lleva el fiscal Picardi, actuó como contadora certificante y auditora externa de las casas de cambio Stema Cambios y Megalatina, que habrían adquirido divisas en el Banco de Servicios y Transacciones por más de u$s507 millones. En marzo pasado, el fiscal pidió allanar su domicilio. Los investigadores no encontraron su celular, pero secuestraron pendrives, tablets y otros dispositivos.

Agra, por su parte, es señalado como nexo entre los financistas investigados y funcionarios del BCRA durante el período de cepo cambiario. La causa menciona su relación con Romina García, una de las funcionarias del organismo bajo investigación, y su vínculo con bancos que participaron en las operaciones sospechadas.

El cierre administrativo no elimina por completo la incertidumbre judicial. La jueza en lo comercial María Soledad Casazza dictó una medida cautelar en el marco de una demanda presentada por Agra y Fernández, quienes reclamaron el congelamiento de u$s4 millones para garantizar el cumplimiento de un contrato previo con los actuales propietarios del banco.

Esos propietarios, los hermanos Viviana y Walter Grenón, acumulan sus propios problemas legales. El 13 de mayo de 2025, la Cámara de Casación Penal confirmó su procesamiento por administración fraudulenta, ratificando decisiones de instancias previas. En ese contexto, la venta original del banco por u$s20 millones en efectivo fue leída por algunos analistas como una señal de insolvencia programada ante la presión judicial creciente.

Cocos Capital cerró su acuerdo de compra por u$s20 millones en agosto de 2024 y desde entonces espera la aprobación definitiva del directorio del BCRA. La empresa, propiedad de Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, tiene más de un millón de usuarios y administra cerca de u$s800 millones en activos a través de fondos comunes de inversión en pesos y dólares.

Una licencia bancaria ampliaría considerablemente ese horizonte. Cocos Capital podría ofrecer cuentas remuneradas, plazos fijos, cajas de ahorro y líneas de crédito —servicios que hoy están fuera de su alcance operativo—, lo que explica el interés estratégico en la operación. Aun así, operadores financieros consultados estiman que la aprobación formal del BCRA podría demorarse más de lo previsto.

El Banco Voii es una entidad pequeña. Creado en 2014, ocupa el puesto 60 entre las 74 entidades listadas por el BCRA en términos de activos y opera con una sola sucursal en la calle Sarmiento al 300, en Buenos Aires. En mayo de 2025, la calificadora Moody’s le bajó las calificaciones de depósitos y de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera, un movimiento que añade presión sobre su situación actual.

La disputa por este banco no puede leerse de forma aislada. Se enmarca en un conjunto más amplio de investigaciones judiciales sobre operaciones cambiarias realizadas durante los años de cepo, que involucran a bancos y casas de cambio acusados de lavado de dinero y venta irregular de divisas al valor oficial para importaciones que en muchos casos no se concretaron.

La resolución de Caputo cierra la vía administrativa para Fernández y Agra y despeja el camino para Cocos Capital. La operación sigue pendiente de aprobación regulatoria, la cautelar judicial permanece vigente y los hermanos Grenón enfrentan un procesamiento confirmado. El Banco Voii, pequeño en activos pero relevante en términos de licencias, sigue siendo el centro de una disputa que todavía no llegó a su capítulo final.