Los cerealistas de la provincia de Córdoba cierran la campaña con pérdidas: "Muchos abandonarán su cultivo"

El sector cerealista y, especialmente, el cultivo del trigo duro atraviesan una "grave situación" en Córdoba, pues la rentabilidad se encuentra en "mínimos históricos debido al fuerte incremento de los costes de producción y a unos precios de venta que no compensan el esfuerzo de los agricultores". Así lo ha advertido este martes Asaja Córdoba, que ha alertado de que la mayoría de los cerealistas de la provincia han cerrado la campaña con pérdidas, por lo que la organización agraria reclama a las administraciones "medidas urgentes que permitan garantizar la viabilidad económica de las explotaciones y evitar un progresivo abandono del cultivo”.

Según el análisis realizado por Asaja Córdoba con datos de explotaciones de la provincia desde la campaña 2019/20 hasta la actual, el cultivo del trigo duro ha llegado a una "situación límite". Con el precio actual fijado en la lonja de Córdoba, en torno a los 250 euros por tonelada, un agricultor necesita obtener 3.800 kilos por hectárea en secano y 4.400 kilos por hectárea en regadío únicamente para cubrir los costes de producción. Sin embargo, en buena parte de las zonas cerealistas de la provincia los rendimientos obtenidos este año han quedado muy por debajo de esas cifras, provocando pérdidas generalizadas.

La organización recuerda que el precio del trigo duro prácticamente no ha evolucionado en los últimos 15 años. Mientras que el 6 de junio de 2011 la lonja de Córdoba cotizaba el trigo duro tipo 2 a 273 euros por tonelada, actualmente su precio se sitúa en 250 euros por tonelada, es decir, incluso por debajo del registrado hace tres lustros.

En contraste, los costes de producción no han dejado de aumentar. En las explotaciones de secano han pasado de 481 euros por hectárea en la campaña 2019/20 a 952 euros por hectárea en la campaña 2025/26, lo que supone un incremento del 98%. En regadío, los costes han aumentado desde 640 hasta 1.062 euros por hectárea, un 66% más. Estas cifras no incluyen otros gastos como los seguros agrarios, la carga fiscal o el coste de la tierra, que elevan aún más el desembolso que debe afrontar el agricultor.

Uno de los principales responsables de este incremento son los fertilizantes, que ya representan cerca del 30% del coste total del cultivo y continúan encareciéndose como consecuencia de los conflictos geopolíticos y de las políticas comunitarias. De hecho, la ratio euros de tonelada de urea para el trigo trigo ha pasado de 1,1 en el año 2020 a 2,6 en la actualidad, lo que significa que un agricultor necesita destinar aproximadamente 800 kilos de trigo de su cosecha únicamente para pagar el fertilizante.

A este incremento se suman otros costes esenciales. Los tratamientos fitosanitarios en secano han pasado de 63 a 192 euros por hectárea, lo que supone un aumento del 205%, mientras que el coste de la siembra también experimentó fuertes incrementos durante las campañas 2021/22 y 2022/23 debido a la escasez de semilla certificada. En las explotaciones de regadío, además, continúan creciendo los gastos fijos asociados a las comunidades de regantes, la energía, el mantenimiento y las infraestructuras hidráulicas, incluso en campañas como la actual, en las que el precio del cereal no compensa el coste del riego.

Asaja Córdoba denuncia igualmente que las decisiones adoptadas por la Unión Europea "agravan aún más la pérdida de competitividad del sector". En este sentido, critica la aplicación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), que incorpora nuevas tasas a la importación de fertilizantes. Aunque la Comisión Europea ha anunciado recientemente una cláusula de salvaguardia que eliminaría dichas tasas únicamente si los fertilizantes incrementan su precio más de un 50 % respecto a la media de los diez últimos años, la organización considera que “para cuando eso suceda, el agricultor habrá abandonado, por lo que resulta claramente insuficiente”.

Para la organización agraria, “la falta de rentabilidad provocará inevitablemente que muchos agricultores reduzcan la superficie dedicada al cereal o incluso abandonen su cultivo en próximas campañas”. Esta situación supondrá una menor producción nacional, un aumento de la dependencia de las importaciones procedentes de terceros países y un encarecimiento de los alimentos, comprometiendo la soberanía alimentaria y el relevo generacional en el campo.

Por todo ello, Asaja ha exigido a las administraciones públicas la puesta en marcha inmediata de medidas que permitan recuperar la rentabilidad del sector cerealista. Entre ellas, reclama una reducción de los costes regulados que soportan las explotaciones, una mejora de los seguros agrarios, la revisión al alza de los precios de intervención y una política comercial europea que proteja a los productores comunitarios frente a las importaciones procedentes de países con menores exigencias ambientales, laborales y sanitarias.

"La soberanía alimentaria no puede quedarse en un eslogan", subraya Asaja Córdoba, que argumenta que "sólo será posible garantizar el abastecimiento de alimentos si se asegura la viabilidad económica de quienes los producen".

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