Cortes de luz en el AMBA: el Gobierno licita una obra y su costo se trasladará a las tarifas

El Gobierno nacional puso en marcha la licitación de AMBA I, una de las principales obras de transporte eléctrico previstas para los próximos años y considerada estratégica para reforzar el abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia.

El proyecto demandará una inversión estimada en US$800 millones y contempla la construcción de unos 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, además de una estación transformadora y otras instalaciones. El objetivo es ampliar en alrededor de 2.000 MW la capacidad de abastecimiento de una región que concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica del país.

La infraestructura será construida, operada y mantenida por el sector privado mediante un esquema de concesión. Sin embargo, para reducir los riesgos financieros y hacer más atractiva la inversión, el modelo contempla un aporte inicial de Cammesa, garantías internacionales y la posibilidad de recuperar progresivamente parte del desembolso a través de las tarifas.

Uno de los puntos centrales del esquema es la manera en que el adjudicatario recuperará los recursos invertidos. La empresa no deberá esperar a que toda la obra esté terminada para comenzar a cobrar.

La construcción será dividida en dos grandes etapas y cerca de diez hitos. A medida que se cumplan esos objetivos, el concesionario podrá recuperar gradualmente una parte de la inversión mediante el componente correspondiente al transporte de energía incluido en las facturas eléctricas.

La decisión llegó después de un extenso debate dentro del Gobierno sobre cómo financiar el proyecto. Inicialmente se había evaluado establecer un cargo específico en las boletas para reunir fondos antes del inicio de los trabajos, una alternativa que finalmente fue descartada.

Luego se analizó que el privado recuperara la totalidad de la inversión mediante un canon una vez que la infraestructura comenzara a funcionar. El mecanismo elegido terminó siendo intermedio: los pagos podrán comenzar durante la ejecución, siempre que se alcancen los hitos establecidos en el contrato. El objetivo oficial es evitar que el impacto de una inversión cercana a US$800 millones se concentre de una sola vez sobre las tarifas.

El costo tampoco se distribuirá de manera uniforme entre todos los usuarios del país. De acuerdo con el esquema previsto, quienes se beneficien directamente con la ampliación de la capacidad de transporte asumirán una proporción mayor.

Esto alcanzará principalmente a los usuarios del AMBA y a sectores de la provincia de Buenos Aires vinculados con el trazado de la nueva infraestructura.

Otra parte del costo se distribuirá entre el conjunto del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La explicación oficial es que, aunque AMBA I busca solucionar un cuello de botella localizado, su funcionamiento también aportará mayor estabilidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Aunque el Gobierno plantea que la nueva etapa de expansión del transporte eléctrico debe apoyarse principalmente en capital privado, AMBA I contará con un aporte inicial de aproximadamente US$110 millones de Cammesa.

Ese monto representa cerca del 14% del costo total estimado del proyecto y no deberá ser devuelto por la empresa que resulte adjudicataria.

Según explicaron desde la Secretaría de Energía, aproximadamente la mitad será entregada en efectivo y el resto se concretará en especie, principalmente mediante la compra anticipada de transformadores.

La intención es adelantar la adquisición de estos equipos, que tienen largos tiempos de fabricación, sin esperar a que concluya el proceso licitatorio. De esa manera, el Gobierno pretende reducir los plazos generales de ejecución.

Los recursos no saldrán directamente del Tesoro nacional. Provendrán de la Cuenta de Exportaciones de Cammesa, integrada por los ingresos netos generados por las ventas de electricidad de la Argentina a países vecinos.