Córdoba
09 oct. 2026 - 04:30
Act. 09 oct. 2026 - 07:29
Los aceites de oliva producidos en España cuenta con una nueva normativa que vela por la calidad de los mismos y que repercute de forma directa tanto en los productores como en los consumidores. El Boletín Oficial de Estado ha publicado este jueves un Real Decreto que regula esta situación y que complementa otra norma anterior aprobada hace cinco años.
El motivo de esta nueva regulación se basa en que transcurrido este tiempo «la experiencia adquirida en la aplicación práctica de la norma ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir ciertos ajustes que permitan perfeccionar la trazabilidad, asegurar una mayor precisión en la información disponible para las autoridades competentes y, en definitiva, reforzar la garantía de la excelencia de los aceites de oliva españoles y su posición competitiva en los mercados internacionales».
La llegada de este nuevo Real Decreto ha sido bien acogida por el sector. Desde UPA Córdoba, su secretario general, Francisco Moreno, ha señalado que «todas las normas que vengan a mejorar la situación del aceite de oliva, que se conozca mejor su trazabilidad y movimientos, y la información a los consumidores vienen bien a un producto estrella».
Las novedades que recoge este documento pasan por una nueva definición para el destinatario final de la mercancía, para identificarlo con mayor precisión y evitar los problemas surgidos con las importaciones de terceros países.
También se declara obligatoria la notificación al sistema de la finalización del movimiento del aceite de oliva, dado que hasta ahora, al no hacerse, quedaban abiertas las operaciones sin constancia de su entrega efectiva.
Otro aspecto que se introduce en el Real Decreto es el refuerzo de la documentación establecida en 2021 con la obligación de aportar a los movimientos un boletín de análisis o documento asimilado.
El responsable provincial de UPA ve bien todas las novedades aunque echa en falta que «tenían que haber avanzado más en diferenciar las calidades», con la finalidad de premiar más el aceite de oliva virgen extra. Esto lo explica Moreno en que «estamos viviendo momentos en los que el precio está por los suelos», con una campaña 2025/26 que se ha quedado por debajo del aforo y de la que «se ha vendido más de lo producido».
Esto ocasiona que el precio esté a unos 3,30/3,40 euros, «en muchos casos por debajo del coste de producción», que la Asociación Española de Municipios del Olivar (AEMO) ha fijado a partir de los 4,40 euros. «La norma de calidad tenía que diferenciar más los vírgenes extra de los lampantes para tener más presión en el mercado», ha explicado para criticar que «no tiene sentido que haya una diferencia de 30 céntimos entre un lampante de un virgen extra».
La entrada en vigor de una nueva normativa que tienen que cumplir no sólo las almazaras y comercializadas del aceite de oliva sino también los productores no es algo que incremente la burocracia ya de por sí alta que padece el sector agrícola. Para el secretario general de UPA Córdoba, reconoce que «el trabajo ya está hecho y las almazaras están por delante en materia de calidad y trazabilidad para que cuando el producto se coloque en los mercados internacionales esté perfectamente identificado».
El Real Decreto que entró en vigor hace cinco año y que ahora se modifica supuso en su momento la implantación de un sistema de trazabilidad normalizado y obligatorio para todos los operadores, que debía permitir localizar fácilmente los productos en todas las etapas de producción, transporte y comercialización. De este modo se reforzaba la identificación correcta de los aceites garantizando su autenticidad.
También introdujo la obligatoriedad de que todos los movimientos de aceite fueran amparados por documentos de acompañamiento y que, en el caso de los graneles, se notificasen previamente al sistema informatizado habilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
