El olivar tradicional denuncia el aumento de las importaciones de aceite de Túnez

Las importaciones desde Túnez se han convertido en un nuevo caballo de batalla en el sector del aceite de oliva. Según denuncian los productores de olivar tradicional, las compras han aumentado notablemente en los últimos años, un 85% en la última década, utilizando para ello el llamado régimen de perfeccionamiento activo, que permite importar aceite sin aranceles a la Unión Europea siempre que sea reexportado en un plazo máximo de seis meses. Un mecanismo sometido a control aduanero pensado para cubrir situaciones de escasez de producción que según los olivareros se ha convertido en una herramienta estructural que está influyendo en el mercado, al presionar a la baja los precios del producto español.

Así lo ha denunciado asociación OliveA Tradición y Progreso, que recuerda que España se ha convertido en el principal destino europeo de este producto, que accede al mercado comunitario a través del contingente anual de 56.700 toneladas libres de aranceles aprobado por la Unión Europea y del régimen de perfeccionamiento activo.

El presidente de la organización, José Gilabert, señala que durante 2025 el 61% del aceite importado desde Túnez, unas 95.000 toneladas, entró mediante este régimen. La tendencia se habría intensificado en 2026, ya que en el primer cuatrimestre del año el 96% de las importaciones tunecinas, equivalentes a 37.400 toneladas, fueron autorizadas por esta vía.

"Cada tonelada que entra desde Túnez por estos sistemas es una tonelada que deja de comprarse al olivar español. Se adquiere aceite más barato para reexportarlo posteriormente y eso termina ejerciendo una presión directa sobre los precios que reciben nuestros agricultores", afirma el presidente de OliveA.

La asociación sostiene además que estas operaciones están concentradas en un número reducido de operadores que controlan buena parte de la entrada de aceite importado y que utilizan esa posición para influir sobre el mercado. Según la organización, el incremento de las importaciones coincide con un descenso de las salidas de aceite desde las almazaras durante los dos últimos meses, un comportamiento que considera significativo.

A cierre de junio de 2026, España había importado ya 202.000 toneladas de aceite de oliva, el 92% del volumen previsto para toda la campaña, estimado en 220.000 toneladas, cuando todavía restan cuatro meses para el inicio de la siguiente campaña. Esta cifra supera en un 20% la media de las cinco últimas campañas y en un 15% el volumen registrado en la campaña anterior.

Frente a esta situación, OliveA subraya que la mayor parte de las existencias nacionales de aceite continúa concentrada en las principales provincias productoras de olivar tradicional de Andalucía. Jaén acumula 160.000 toneladas, equivalentes al 38% del total nacional; Córdoba dispone de 102.000 toneladas (24%); Sevilla cuenta con 48.000 toneladas (11%); y Granada mantiene 22.500 toneladas (5%). En conjunto, estas cuatro provincias concentran el 80% de las reservas nacionales.

Para la asociación, esta posición otorga al sector andaluz una capacidad estratégica para defender el valor del producto. "Andalucía tiene la capacidad de marcar una estrategia de valor porque aquí se encuentra la mayor parte de las existencias. Tienen que venir a comprar nuestro aceite y eso debemos hacerlo valer", sostiene Gilabert.

OliveA reclama además una aplicación firme de la Ley de la Cadena Alimentaria y que los costes reales de producción se conviertan en referencia para las operaciones comerciales. La organización cita la actualización del estudio de costes elaborado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), que estima un incremento acumulado de los costes de producción del 57% en los últimos seis años debido al aumento de los gastos laborales, energéticos, de maquinaria y fertilización.

La asociación advierte de que una parte significativa del olivar español está produciendo actualmente por debajo de sus costes reales, lo que compromete la viabilidad económica de miles de explotaciones. Por ello, rechaza que las caídas de precios puedan justificarse por las expectativas de la próxima cosecha y defiende que las cotizaciones deben responder a criterios objetivos de mercado y garantizar la rentabilidad de los productores.

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