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Washington exige más cambios en la CSRD, la CSDDD y el CBAM y acusa al bloque de facilitar el transbordo de mercancías chinas para eludir aranceles.
La UE rechaza una nueva ofensiva de EEUU contra sus normas verdes, después de que Washington reclamara más cambios en la CSDDD, la CSRD y el CBAM. La disputa se amplía además al comercio con China y al supuesto desvío de mercancías para esquivar los aranceles estadounidenses.
La tregua arancelaria alcanzada entre Bruselas y Washington en 2025 no ha cerrado el conflicto comercial transatlántico. El enfrentamiento se está trasladando ahora desde los tipos aduaneros hacia las regulaciones europeas, con EEUU presionando para que determinadas obligaciones ambientales, climáticas y de derechos humanos no se conviertan, en la práctica, en barreras para sus compañías. Bruselas acepta discutir la aplicación de las normas, pero mantiene que su autonomía regulatoria no forma parte de la negociación.
El embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, ha elevado la presión sobre Bruselas al reclamar que cumpla los compromisos asumidos en el marco comercial pactado en Turnberry en 2025. EEUU sostiene que las obligaciones europeas de sostenibilidad continúan imponiendo costes y responsabilidades extraterritoriales a las empresas estadounidenses.
El acuerdo conjunto publicado el 21 de agosto de 2025 recoge expresamente el compromiso europeo de realizar esfuerzos para que la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD) y la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) no creen restricciones indebidas al comercio transatlántico. También contempla abordar las preocupaciones estadounidenses sobre la aplicación de la CSDDD a compañías de terceros países.
Washington considera que las modificaciones aprobadas posteriormente por la UE son insuficientes y advierte de que podría adoptar nuevas medidas comerciales si sus preocupaciones no reciben respuesta. La presión afecta especialmente a la capacidad de Bruselas para aplicar legislación europea a multinacionales extranjeras que operan dentro del mercado comunitario.
El conflicto comercial entre EEUU y la UE se desplaza de los aranceles hacia las reglas que determinan cómo deben operar las multinacionales
Bruselas llega a este nuevo enfrentamiento después de haber realizado una importante simplificación de las normas de sostenibilidad. El paquete Omnibus redujo el número de compañías sometidas a las obligaciones y retrasó parte del calendario previsto, una reforma impulsada también por las críticas europeas sobre el coste burocrático y su efecto sobre la competitividad.
La CSRD queda limitada, con carácter general, a empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio neto anual superior a 450 millones de euros. La CSDDD, por su parte, se concentra en grupos todavía mayores, con más de 5.000 trabajadores y un volumen de negocio superior a 1.500 millones de euros. La aplicación de la CSDDD modificada comenzará a partir del 26 de julio de 2029.
La Comisión Europea también adoptó en julio unos estándares europeos revisados de información sobre sostenibilidad para reducir las cargas administrativas. Las medidas se inscriben en la estrategia comunitaria de simplificación, pero Bruselas insiste en que esta reducción de burocracia no implica renunciar al objetivo de exigir información ambiental y social a las grandes compañías.
Bruselas ha reducido drásticamente el número de empresas afectadas, pero Washington considera insuficientes los cambios realizados hasta ahora
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) se ha convertido en otro de los principales puntos de conflicto. Su fase definitiva comenzó el 1 de enero de 2026 y afecta inicialmente a sectores intensivos en emisiones como cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad.
La lógica del mecanismo consiste en imponer progresivamente a determinados productos importados un coste de carbono comparable al soportado por los fabricantes europeos dentro del régimen comunitario de comercio de emisiones. El acuerdo transatlántico de 2025 ya reconocía las preocupaciones de EEUU respecto al tratamiento de las pequeñas y medianas empresas estadounidenses y recogía el compromiso de Bruselas de estudiar flexibilidades adicionales.
La disputa tiene una dimensión especialmente sensible porque enfrenta dos planteamientos distintos. Para la UE, el CBAM forma parte de su política climática y pretende evitar que la producción se desplace hacia países con menores exigencias ambientales. Para Washington, determinados costes derivados de su aplicación pueden convertirse en una barrera que penalice las exportaciones estadounidenses.
La autonomía regulatoria se convierte en la línea roja europea mientras EEUU intenta ampliar el acuerdo comercial a políticas climáticas internas
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