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Una comitiva británica llegó a Punta Arenas para impulsar una ruta marítima con las islas. Cancillería argentina protestó y La Moneda quedó bajo presión.
Una comitiva de unos 40 empresarios y funcionarios de la administración británica de las Islas Malvinas llegó a Punta Arenas para avanzar en una nueva ruta logística con el archipiélago, en medio de la protesta de la Cancillería argentina. El proyecto, anunciado en julio, busca establecer un servicio marítimo regular para abastecer a las islas y facilitar el intercambio de bienes con la región de Magallanes. La iniciativa volvió a tensar la relación entre Argentina y Chile, porque combina respaldo diplomático al reclamo argentino con negocios privados con los isleños.
La agenda en Punta Arenas se desarrolló en paralelo con una feria empresarial organizada por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), que convocó a alrededor de 80 representantes del sector privado y público entre el lunes y el martes. Según la documentación citada en la nota original, la organización había enviado previamente a la municipalidad el listado de compañías isleñas y los bienes y servicios requeridos, entre ellos abarrotes, alimentos congelados, cemento, madera, repuestos para vehículos, bebidas, ferretería e insumos para construcción y mantenimiento. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo que la ciudad funcionaría como un “gran supermercado” para las islas y afirmó que el corredor no incluiría negocios sobre recursos naturales.
El contexto bilateral quedó atravesado por la escalada diplomática de las últimas semanas. El texto original vincula la tensión con el anuncio de Javier Milei sobre el inicio de la extracción petrolera en la Cuenca León Marino (Sea Lion) y con las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes. En ese escenario, el gobierno chileno de José Antonio Kast ratificó que su postura oficial no cambió y que las Malvinas son argentinas, aunque el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, defendió el comercio entre Punta Arenas y las islas dentro de la legislación de su país.
La posición chilena expuso una diferencia entre la línea diplomática y la actividad privada. El embajador chileno en Argentina, Gonzalo Uriarte, había dicho en un encuentro del Rotary Club: “Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio. Esperamos lo mismo de los temas que para nosotros son de esencia, como es el Estrecho de Magallanes”. Sin embargo, el ministro de Defensa sostuvo después que “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho”. La Embajada de Chile en la Argentina fue consultada sobre el tema y prefirió no hacer comentarios.
Lectura jurídica y comercial El profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de La Plata, Juan Rial, señaló que la discusión excede un contrato entre privados y que un Estado debe procurar coherencia entre su política exterior y sus actos internos. “Chile dice que lo de Punta Arenas es un tema entre privados, pero la verdad es que pudiera llevar a cabo acciones para que las actividades privadas fueran consistentes con su política exterior”, afirmó. Rial agregó que el dilema también aparece en Uruguay, donde existe desde hace años una estructura logística y comercial vinculada con el abastecimiento de las islas, y sostuvo que un Estado puede adoptar medidas para que sus empresas no contradigan una posición diplomática asumida.
Respuesta argentina y próximos pasos En paralelo, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó este lunes que Argentina “no tiene capacidad” para recuperar las Malvinas, mientras la respuesta argentina llegó por la vía diplomática y jurídica, con un reclamo ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) contra la explotación de recursos hidrocarburíferos en las islas. La Cancillería argentina rechazó la ronda de negocios y el presidente Javier Milei anunció que instruyó a ese ministerio y a los equipos jurídicos a iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion. La nueva conexión marítima, según la FIDC, podría tener su primer viaje a mediados de noviembre y una frecuencia mensual inicial.