La presión económica sobre Cuba aumenta y La Habana vuelve a cuestionar las sanciones de EE. UU. ante la ONU

La confrontación económica entre Cuba y Estados Unidos volvió a ocupar un espacio destacado en Naciones Unidas. En septiembre de 2026, el Gobierno cubano llevó nuevamente ante la Asamblea General de la ONU sus críticas contra el embargo económico, comercial y financiero estadounidense, al tiempo que denunció un endurecimiento de las medidas aplicadas por Washington durante los últimos meses.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, sostuvo ante la Asamblea General que las nuevas restricciones están agravando las dificultades económicas y energéticas que atraviesa la isla. La Habana asegura que las medidas estadounidenses afectan directamente el comercio exterior, el acceso a combustibles, las inversiones y la llegada de bienes esenciales.

La denuncia ocurre en un momento particularmente delicado para Cuba. El país atraviesa una prolongada crisis económica, problemas de abastecimiento energético, dificultades para importar determinados productos y un deterioro de servicios básicos. Al mismo tiempo, el Gobierno cubano afirma estar implementando reformas económicas para intentar aumentar la actividad productiva y descentralizar determinados sectores.

La discusión, sin embargo, no se limita a la posición de Cuba. Estados Unidos sostiene que sus sanciones buscan ejercer presión sobre el Gobierno cubano por cuestiones relacionadas con derechos humanos, seguridad nacional, corrupción y la estructura política de la isla. Por ello, para comprender la controversia es necesario revisar tanto las nuevas medidas estadounidenses como sus efectos económicos y el debate internacional sobre el embargo.

El tema del embargo estadounidense contra Cuba forma parte de la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas desde hace décadas. En 2026, la Asamblea volvió a abrir el debate sobre la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

La documentación oficial de Naciones Unidas muestra que el debate fue reabierto en julio de 2026 y continuó durante septiembre. El asunto corresponde al punto 38 de la agenda de la Asamblea General.

En su intervención, el Gobierno cubano denunció que durante 2026 se han intensificado las restricciones relacionadas con las operaciones comerciales y financieras de la isla.

Rodríguez también sostuvo que las medidas tienen consecuencias sobre el suministro de combustible, la generación eléctrica y la llegada de bienes esenciales. En declaraciones recogidas durante las sesiones de Naciones Unidas, representantes cubanos señalaron que la escasez de combustible y las dificultades para adquirir determinados productos están contribuyendo al deterioro de las condiciones económicas y sociales.

La posición cubana sostiene que las sanciones no solamente afectan al Gobierno, sino también a empresas, bancos, comerciantes y ciudadanos que necesitan realizar operaciones internacionales.

El embargo estadounidense contra Cuba tiene sus raíces en la década de 1960 y comprende un conjunto de restricciones económicas, comerciales y financieras que se han mantenido y modificado durante diferentes administraciones estadounidenses.

El 1 de mayo de 2026, el Gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra funcionarios y entidades cubanas. La Casa Blanca explicó que las medidas estaban dirigidas contra personas y organizaciones vinculadas, según la administración estadounidense, con la estructura de seguridad del Gobierno cubano, corrupción y violaciones de derechos humanos.

Además, en enero de 2026 Washington estableció un mecanismo que permite imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministren petróleo a Cuba. La medida busca presionar a terceros países para que reduzcan o interrumpan determinadas operaciones relacionadas con el suministro energético a la isla.

Esta última política es especialmente relevante porque Cuba depende de importaciones de combustible para mantener una parte importante de su sistema energético.

Durante 2026, Estados Unidos también amplió las sanciones contra empresas y personas vinculadas con diferentes sectores de la economía cubana.

Según un recuento publicado por EFE en agosto, desde mayo Washington había aplicado nueve rondas de sanciones que incluían a 31 personas y 49 empresas. Las medidas afectaron ámbitos relacionados con defensa, comercio exterior, turismo y otras actividades económicas.