Arístides “Tito” Córdoba presentó este miércoles ante el Concejo Deliberante de Puerto Deseado un anteproyecto de ordenanza para que el municipio adhiera al Régimen de Aduana en Factoría, una herramienta nacional destinada a reducir costos y facilitar la producción orientada a la exportación.
La presentación fue dirigida a la presidenta del cuerpo, Ana María Parejas, y busca que los concejales acompañen formalmente el Decreto 252/2026. El proyecto también propone que el Ejecutivo municipal realice gestiones ante la Provincia y el Ministerio de Economía de la Nación para promover la incorporación de industrias locales al régimen.
En diálogo con Crónica, Córdoba explicó que desde hace casi un año venía trabajando junto al diputado nacional Jairo Guzmán en distintas alternativas para que Puerto Deseado accediera a beneficios aduaneros. Inicialmente se evaluó impulsar una zona franca o un área aduanera especial, aunque esa posibilidad requería la intervención del Gobierno provincial.
Según relató, durante un reciente viaje a Buenos Aires tomó conocimiento del alcance de la modificación dispuesta por el Gobierno nacional, que extendió el Régimen de Aduana en Factoría al conjunto del sector manufacturero y sus proveedores.
La medida no crea una zona franca ni replica el régimen especial de Tierra del Fuego. El RAF funciona en todo el país y permite que los establecimientos industriales que cumplan los requisitos soliciten su incorporación ante la Secretaría de Industria y ARCA.
Consultado sobre los beneficios concretos, Córdoba sostuvo que las empresas que manufacturen en Puerto Deseado podrían reducir los costos de los insumos y componentes importados, siempre que estos sean incorporados al proceso productivo. En el caso de la pesca, consideró que la herramienta podría alcanzar a plantas elaboradoras y proveedores, además de facilitar el ingreso de determinados repuestos y equipamientos vinculados con la producción.
El régimen permite que materias primas, partes, componentes, materiales auxiliares, envases y otros elementos ingresen bajo una destinación aduanera suspensiva, sin el pago inmediato de los tributos. Cuando son utilizados para elaborar productos destinados a la exportación, la operación se cancela con la salida de la mercadería transformada.
Si esos bienes o la producción son destinados al mercado interno, deben abonarse los gravámenes correspondientes. El plazo de un año previsto por el régimen no representa una exención impositiva, sino el periodo máximo para definir la destinación de las mercaderías ingresadas. También se contempla la posibilidad de compensar el IVA generado por importaciones definitivas con saldos a favor de las empresas.
Para ingresar al RAF, cada firma deberá presentar su solicitud, acreditar solvencia patrimonial y encontrarse al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y previsionales. La adhesión municipal, por lo tanto, no incorporará automáticamente a las empresas, pero permitirá acompañar y promover las gestiones.
“Para la actividad pesquera puede ser una herramienta muy importante. Podemos llegar a recuperar lo que Puerto Deseado ha perdido”, afirmó Córdoba.
El dirigente consideró que la localidad deberá aprovechar sus condiciones portuarias para retener a las compañías que actualmente operan en la ciudad y atraer nuevos proyectos. “Nos corresponde saber seducir a los inversionistas y generar las condiciones para que las empresas que ya están no se vayan, se queden y sigan invirtiendo”, señaló.
El anteproyecto también encomienda al municipio la difusión y el asesoramiento técnico del régimen entre las cámaras pesqueras, industriales y comerciales. Córdoba aseguró que referentes del puerto y de los gremios vinculados con la pesca ya fueron informados y manifestaron interés en acompañar la iniciativa.
Según adelantó, esos sectores evalúan viajar la próxima semana a Río Gallegos para plantear el tema ante el gobernador Claudio Vidal. Córdoba reconoció que todavía no conversó con el intendente Juan Raúl Martínez, aunque expresó su intención de dialogar con todos los sectores políticos e institucionales de la localidad.
La propuesta quedó ahora en manos del Concejo Deliberante, que deberá definir su tratamiento y analizar qué medidas locales podrían incorporarse para acompañar el régimen nacional.