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Nevaco Global
8 de junio de 2026

La Junta impulsa un plan para «salvar» a la ganadería extensiva con impacto en Córdoba

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Andalucía se convirtió a mediados de abril en la primera comunidad autónoma en España en aprobar una Estrategia de la Ganadería Extensiva, un documento que tiene como periodo de aplicación entre 2026 y 2030 y que cuenta con un fuerte impacto en la provincia ... de Córdoba dado el importante peso de esta actividad pecuaria.

El presupuesto previsto por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural es superior a los 457 millones de euros, unos fondos que persiguen dar viabilidad a este sector productivo que se encuentra amenazado por múltiples factores.

La Junta pretende que este programa ayude a reconocer la función social de estos productores, fomentar el relevo generacional en las explotaciones, facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías en esta actividad, fortalecer la cadena de valor y mejorar la diferenciación y la comercialización de los productos de la ganadería extensiva. Para conseguir estos objetivos el documento establece un total de 52 de medidas a aplicar a lo largo del próximo lustro.

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Las estadísticas oficiales de la Consejería indican que Córdoba contaba a finales de 2025 con un censo formado por cerca de un millón de cabezas (concretamente, 981.257 ejemplares). La provincia es líder en los que se refiere al vacuno y al ovino. En la primera de estas cabañas se contabilizaban en ese año un total de 145.651 animales, de los que 35.313 se destinaba a la producción de leche.

En cuanto al ovino, el número ascendía a 498.002 reses, siendo corderos cerca de 100.000. Respecto al porcino, se tiene constancia de 267.817 cerdos. De ellos, 225.877 son ibéricos, ocupando de este modo el tercer lugar en la región, solo por detrás de Huelva y de Sevilla. La población de ganado caprino se situaba en las 49.256 cabezas y el de equino se quedaba en las 20.531.

«Cuando se elabora un documento como este el objetivo es salvar al sector al que hace referencia, al igual que pasó cuando se aprobó la Estrategia del Olivar, que tenía como fin asegurar la viabilidad de las explotaciones oleícolas de carácter extensivo», según afirmó a ABC el gerente de Ganadería Las Albaidas, Felipe Molina, quien ha participado activamente en la elaboración de este plan en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos en Extensivo (Anggex). A su juicio, este programa es un buen punto de partida siempre que se cumplan las actuaciones incluidas en él.

El documento incide en el hecho que «las explotaciones de ganadería extensiva presentan, en general, baja rentabilidad e insuficiente viabilidad económica», ya que «los ingresos presentan 'dientes de sierra' que lastran los beneficios y los precios son bajos, no solo para las producciones principales, como la carne, sino también para los productos secundarios, como la lana».

Ante esta situación, Molina reclamó la creación de un sello que identifique a las explotaciones ganaderas extensivas y, a partir de ahí, poner en marcha campañas de promoción de los productos de esta actividad.

El programa resalta el papel que juegan estos productores en la conservación del medio ambiente y el mantenimiento de la población rural a través del «fomento la biodiversidad, el mantenimiento de razas autóctonas, la prevención de incendios forestales y la lucha contra el cambio climático».

Felipe Molina, de ganadería las Albaidas, reclama un sello para las explotaciones extensivas

En este sentido, el documento apuesta por remunerar de algún modo esos beneficios 'verdes' que aporta este sector. Para el dirigente profesional, «esta compensación económica está más que justificada cuando hay estudios que señalan que la labor de protección del campo de un rebaño de ovejas tiene un impacto económico de unos 100 euros por hectárea, mientras que el coste que supone recuperar esta extensión que ha sido quemada es de unos 14.000 euros».

Otro de los problemas que acechan a esta actividad pecuaria es la falta de relevo generacional. «Las ayudas para fomentar la incorporación de jóvenes a las explotaciones no sirven de nada, si no tienen un seguimiento en sus primeros cinco años», defendió Molina, quien también abogó por ampliar de 40 a 45 años la edad para poder acceder a estos apoyos financieros.

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