El embargo estadounidense existe, pero las propias cifras oficiales de Cuba muestran una contradicción difícil de justificar: mientras hospitales, viviendas, servicios comunales e infraestructura básica se deterioran, el Estado sigue destinando una parte desproporcionada de sus inversiones al turismo, la inmobiliaria y los negocios que captan divisas. En el centro de ese circuito aparece GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas.
En Cuba, el dólar nunca se fue del todo, siempre ha entrado vía hoteles, paquetes turísticos, remesas, recargas telefónicas, reservas desde el exterior, tiendas en moneda dura, servicios bancarios, transporte turístico, trámites consulares, operaciones comerciales que dependen de divisas… Hoy, el problema no es solo que falten dólares, es también que, durante años, Cuba ha recibido moneda fuerte por muchas vías y, aun así, la población aún vive entre apagones, hospitales sin insumos, calles sin recoger, viviendas que se caen y salarios que no alcanzan para comer.
El bloqueo existe. No es una invención propagandística. Ha sido condenado durante décadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, y en 2025 la ONU volvió a pedir su fin por 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Pero detenerse ahí sería quedarse en la superficie. Para entender la miseria cubana hay que mirar no solo lo que Estados Unidos prohíbe, sino también lo que el propio Estado cubano decide hacer con las divisas que sí recibe.
En términos legales, el llamado “bloqueo” no es una sola ley. Es un entramado de sanciones, regulaciones y leyes acumuladas durante décadas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., OFAC, enumera como base del programa de sanciones contra Cuba varias normas: la Trading with the Enemy Act, la Cuban Democracy Act o Ley Torricelli de 1992, la Ley Helms-Burton de 1996, la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act de 2000 y las Cuban Assets Control Regulations, contenidas en el 31 CFR Parte 515.
El núcleo operativo está en las Cuban Assets Control Regulations. Esa regulación prohíbe, salvo autorización específica o licencia general, transferencias de crédito, pagos bancarios, operaciones de cambio y transacciones con propiedades en las que Cuba o un nacional cubano tenga algún interés, cuando intervienen personas o entidades sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos.
Prohíbe a personas bajo jurisdicción estadounidense realizar transacciones financieras directas con entidades o subentidades identificadas por el Departamento de Estado como controladas por, o actuando en nombre de, los servicios militares, de inteligencia o de seguridad de Cuba, cuando esas operaciones beneficien desproporcionadamente a esos aparatos en perjuicio del pueblo cubano o del sector privado.
La Ley Helms-Burton refuerza esa presión. No es “el bloqueo” completo, pero sí una de sus piezas más polémicas. Su Título III permite demandar a empresas que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el Estado cubano después de la revolución. El propio Código de Estados Unidos recoge como hallazgo del Congreso que Cuba ofrecía a inversores extranjeros la posibilidad de comprar participaciones, administrar o entrar en empresas mixtas usando propiedades confiscadas, y que ese “tráfico” aportaba divisas, inversión y beneficios al gobierno cubano.
Este punto se conecta directamente con el turismo. Si una cadena extranjera gestiona un hotel construido o explotado sobre bienes expropiados, o si opera en asociación con entidades estatales cubanas vinculadas a GAESA o Gaviota, entra en una zona de riesgo legal bajo Helms-Burton.
Sin embargo, por parte del gobierno cubano y amplificado por sus medios de prensa hemos escuchado hasta el cansancio que “por el bloqueo no hay comida ni medicinas” pero el embargo estadounidense no impone una prohibición absoluta sobre alimentos y medicinas. Las normas de exportación de EE. UU. exigen licencias para la mayoría de los bienes sujetos a las regulaciones estadounidenses, pero contemplan excepciones y políticas de aprobación para determinados productos. El Departamento de Comercio permite excepciones para paquetes humanitarios y donaciones, y también contempla exportaciones de productos agrícolas bajo la excepción AGR.
Las normas también prevén autorizaciones para bienes destinados a cubrir necesidades del pueblo cubano: producción agrícola, procesamiento de alimentos, salud pública, saneamiento, construcción y reparación de viviendas, transporte público, agua potable, electricidad e infraestructura que beneficie directamente a la población. Al mismo tiempo, el Departamento de Comercio señala que generalmente negará licencias para entidades estatales que generen ingresos para el Estado —incluido el turismo— y para el aparato militar, policial, de inteligencia o de seguridad.
De hecho, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, EE. UU. exportó bienes a Cuba por 585,2 millones de dólares en 2024 y por 810,8 millones de dólares en 2025. Las importaciones estadounidenses desde Cuba, en cambio, fueron mínimas: 4,9 millones en 2024 y 17,5 millones en 2025. Es decir, incluso bajo embargo, existe comercio autorizado desde Estados Unidos hacia Cuba.
Por tanto, la pregunta no debe ser únicamente “¿cuánto daño hace el bloqueo?”. Esa pregunta es válida, pero se queda en el terreno de lo insuficiente. La pregunta decisiva pudiera ser otra: si el embargo no prohíbe de forma absoluta alimentos, medicinas, remesas o ayuda humanitaria, y si Cuba mantiene relaciones económicas con múltiples países fuera de Estados Unidos, ¿por qué el país sigue sin comida, sin medicamentos, sin electricidad estable, sin viviendas y sin los servicios más básicos?
Ahí es donde el argumento del Gobierno cubano se debilita. El embargo pudiera explicar obstáculos, no prioridades. No explica, por ejemplo, por qué, en 2024, Cuba destinó 25.199,6 millones de pesos a servicios empresariales, actividades inmobiliarias y alquiler, y 11.918,3 millones a hoteles y restaurantes, mientras la inversión en salud pública y asistencia social fue de apenas 2.104,2 millones que, además, no se aclara en qué se invierte, ya que el deterioro estructural de Cuba solo es comparable con el de países en guerra. Tampoco explica que salud y educación (en su conjunto) recibieran casi doce veces menos inversión que el bloque turismo-inmobiliaria-servicios empresariales, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI).
Un nombre clave de esa economía paralela es GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Financial Times lo describió como una compañía militar que funciona como un “Estado paralelo”, sin transparencia financiera pública, con presencia en hoteles, tiendas que captan dólares, banca, remesas, infraestructura y otros sectores estratégicos. Según ese reporte, GAESA no publica cuentas detalladas, no tiene una estructura de propiedad transparente y economistas cubanos, documentos filtrados y el Gobierno de Estados Unidos le atribuyen un peso de hasta el 40% del PIB cubano.
El diario El País también ha señalado que GAESA controla sectores claves como turismo, construcción, telecomunicaciones, comercio y el Banco Financiero Internacional, una entidad importante para operaciones y reservas del país. En esa estructura, Gaviota aparece como la división hotelera del grupo; según el mismo reporte, de los 120 hoteles de Gaviota, 62 están gestionados por cadenas españolas, entre ellas Meliá e Iberostar.
