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La discusión sobre el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, no puede limitarse a una defensa nostálgica de lo que la institución fue en el pasado. La pregunta verdaderamente estratégica es otra: ¿qué tipo de institucionalidad necesita hoy la Argentina para seguir conectada con la frontera mundial de la ciencia, la tecnología y la innovación agropecuaria?
La historia económica muestra que las sociedades que lograron desarrollarse de manera sostenida fueron aquellas capaces de construir capacidades científicas y tecnológicas acordes a cada época. No se trata solamente de producir conocimiento, sino de crear instituciones capaces de absorberlo, adaptarlo y traducirlo en productividad, competitividad y bienestar.
El Premio Nobel de Economía 2024 otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson volvió a poner este tema en el centro del debate global. Sus trabajos destacan que el desarrollo económico depende, en gran medida, de la calidad de las instituciones y de su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales. Las instituciones exitosas son aquellas que generan incentivos para innovar, difundir conocimiento y ampliar oportunidades productivas.
La historia confirma esta visión. La Revolución Industrial estuvo asociada a nuevas instituciones financieras, educativas y tecnológicas. La expansión agrícola de Estados Unidos en el siglo XIX no habría sido posible sin la creación de las universidades “land grant”, los servicios de extensión y las estaciones experimentales que articularon ciencia y producción. Más tarde, durante la posguerra, el mundo construyó nuevas plataformas internacionales de investigación agrícola, como el CGIAR, responsable de buena parte de las innovaciones que impulsaron la Revolución Verde y evitaron crisis alimentarias masivas en Asia y América Latina.
La agricultura ha sido, históricamente, uno de los sectores donde mejor se observa la relación entre ciencia, tecnología e instituciones. Los grandes saltos productivos nunca fueron el resultado exclusivo del mercado ni solamente de decisiones empresariales individuales. Requirieron ecosistemas institucionales capaces de sostener investigación de largo plazo, formar recursos humanos, generar capacidades territoriales y conectar a productores con las nuevas tecnologías.
Estados Unidos constituye quizás el ejemplo más claro. El sistema integrado por el United States Department of Agriculture (USDA), las universidades estatales, los sistemas de extensión y la inversión privada logró construir una maquinaria institucional extraordinariamente dinámica. Ese modelo fue evolucionando con el tiempo: desde la mecanización y la genética vegetal del siglo XX hasta la actual convergencia entre biotecnología, inteligencia artificial, agricultura digital, edición génica, bioeconomía y ciencias de datos.
La Argentina entendió tempranamente la importancia de construir capacidades propias. La creación del INTA, en 1956, respondió precisamente a esa visión estratégica. El país necesitaba una institución capaz de acercar la ciencia moderna al agro nacional y de generar capacidades tecnológicas adaptadas a las condiciones locales.
En aquel momento, la decisión tenía una lógica histórica muy clara. La estructura institucional de las provincias era todavía limitada; muchas carecían de capacidades científicas, universidades consolidadas o sistemas propios de innovación. El INTA surgió entonces como una gran plataforma nacional de articulación tecnológica, con presencia territorial y capacidad para integrar investigación, extensión y desarrollo productivo. Por otra parte, el financiamiento provenía todo de la Nación – a través de una tasa sobre las exportaciones – y en cierta medida, era concebido como un mecanismo distributivo entre la rica región pampeana y las economías regionales.
El impacto de esa decisión fue enorme. La modernización agrícola argentina de las décadas posteriores —desde la agriculturalización, la expansión de la siembra directa hasta los avances en genética, sanidad animal, manejo de suelos y agricultura de precisión— no puede comprenderse sin el papel del INTA y de las redes científico-tecnológicas que ayudó a construir. La institución contribuyó a transformar a la Argentina en una potencia agroalimentaria y en un actor relevante en la producción global de alimentos, fibras y biomasa.
La base científica y tecnológica mundial está cambiando a una velocidad inédita. La convergencia entre biología, digitalización, nanotecnología, inteligencia artificial y automatización está redefiniendo no solo cómo se produce, sino también qué se produce y dónde se genera valor.
La agricultura ya no se limita a alimentos y commodities: se expande hacia biomateriales, bioenergías, bioproductos, servicios ecosistémicos y nuevas cadenas de valor vinculadas a la bioeconomía. Pero, por sobre todo, cambia la ciencia de base y como se hace tecnología.
Al mismo tiempo, la propia Argentina cambió. Las provincias poseen hoy capacidades institucionales, universitarias y científicas mucho más robustas que hace setenta años. Existen ecosistemas regionales de innovación, clusters tecnológicos, startups agtech y redes de investigación con creciente autonomía y sofisticación. El sistema científico es más complejo, más descentralizado y más interconectado con el mundo.
En este nuevo escenario, quizás el desafío no sea preservar al INTA exactamente como fue concebido en el siglo XX, sino repensarlo para el siglo XXI.
Eso implica preguntarse cuál debe ser su función estratégica en un mundo donde el conocimiento circula globalmente y donde la innovación ocurre cada vez más en redes abiertas, colaborativas y multidisciplinarias.
Tal vez el INTA del futuro deba ser una estructura que asegura el acceso a los conocimientos de frontera relevantes para nuestras realidades, mientras que las funciones del “down stream”, son crecientemente asumidas por otros actores (provincias, organizaciones de productores, sector privado). n
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