Polémica por la vacunación contra la aftosa: el campo bonaerense pide frenar la norma del SENASA

Un frente unánime del sector productivo, profesional e institucional de la provincia de Buenos Aires se alineó para encender las alarmas sobre el futuro del estatus sanitario ganadero.

Durante la última reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), las principales entidades del campo y las autoridades del ministerio de Desarrollo Agrario provincial aprobaron una moción que exige al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) revisar de manera integral la Resolución 201/2026 y dejar sin efecto la derogación del marco normativo vigente hasta alcanzar un consenso real entre las partes.

La normativa en cuestión introduce cambios estructurales en el sistema de vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, habilitando la participación de veterinarios independientes sin vínculo con los entes sanitarios locales a partir del 1° de enero de 2027.

Actualmente, las campañas se ejecutan mediante un esquema cooperativo y solidario donde los propios productores integran las fundaciones y entes regionales encargados de fiscalizar, organizar la logística y garantizar la cobertura en el 100% del territorio.

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La postura bonaerense contó con los votos afirmativos del ministerio de Desarrollo Agrario, el Colegio de Veterinarios provincial (CVPBA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), CONINAGRO y las Regiones Sanitarias 1, 2, 3 y 4, mientras que el SENASA se abstuvo por ser el organismo destinatario.

El eje central del reclamo radica en la falta de justificaciones sanitarias que avalen un giro de esta magnitud.

Durante el debate, los representantes técnicos señalaron que no se presentaron evidencias que demuestran que la apertura del sistema hacia profesionales independientes se traduzca en un salto cualitativo en la inmunidad del rodeo o en el control epidemiológico.

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El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, enfatizó la fragilidad conceptual del proyecto nacional: “La verdad que acá no se ha expresado ninguna ventaja en términos sanitarios de la Resolución 201. Nadie ha dicho que en función de esto el sistema va a mejorar. Si ponemos el eje en los aspectos sanitarios, acá no ha habido ninguna argumentación a favor”.

Las entidades coinciden en que desarmar una red operativa articulada durante décadas sin un reemplazo superador pone en riesgo la trazabilidad y la cobertura uniforme que le permitieron a la Argentina consolidar mercados internacionales de carne de alto valor.

Más allá del aspecto epidemiológico, la mayor preocupación socioeconómica apunta a la sustentabilidad del pequeño y mediano productor.

El modelo vigente de entes sanitarios funciona bajo un principio de ecualización de costos y solidaridad: el costo operativo por dosis se prorratea para que la asistencia llegue al mismo valor a un establecimiento con miles de cabezas que a una chacra con un rodeo reducido.

De abrirse el mercado a la contratación individual, el incentivo económico para los profesionales independientes estará volcado hacia los grandes establecimientos por escala y distancia.

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