Malestar en la cúpula policial por el gas lacrimógeno: «En Ferraz sí, pero ahora no»

Mandos policiales critican el «uso político» de los agentes y defienden su actuación durante las cargas del 11-N

El ministro del Interior, durante el acto de 50 aniversario de la Unidad Aérea de la Policía. | EP

El malestar por la prohibición del uso del espray de gas lacrimógeno en manifestaciones ha escalado hasta la cúpula de la Policía. La orden directa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la actuación policial el día de la huelga general del 11-N, no ha causado solo indignación entre los principales afectados: los mandos de Seguridad Ciudadana y de las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios; sino también entre diversos altos responsables del Cuerpo, que ven en esta maniobra un «uso político de los agentes» cuando cumplieron con su trabajo y el protocolo policial para el control de masas. Una instrucción que precisamente la Dirección de la Policía actualizó en octubre y ahora, apenas tres semanas después, se ve obligada a cambiar.

Las imágenes de agentes cargando, golpeando a manifestantes y rociándoles con gas pimienta no gustaron dentro del Gobierno. Mucho menos entre sus socios. Dirigentes de Podemos, Frente Amplio y ERC pidieron sin éxito la dimisión del ministro e incluso sacarle de las listas electorales, tras hacerle responsable de la «violencia policial» contra los piquetes informativos. La respuesta del ministro, respaldado por Moncloa, fue prohibir el uso del material antidisturbios y ordenar una investigación interna que ha «desautorizado públicamente» a los agentes y reavivado un clima de tensión que había comenzado a gestarse meses atrás entre la Policía y el ministerio.

En el Cuerpo, la defensa de la actuación policial es cerrada. Distintos mandos coinciden en que «no fue arbitraria», sino «legítima, legal y guiada por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad». Estas fuentes critican que el Ministerio vea posibles irregularidades en el operativo policial del 11-N, cuando en noviembre de 2024, en las conocidas como cargas de Ferraz, el Gobierno apoyó la intervención contra quienes protestaron y provocaron disturbios durante semanas frente a la sede socialista. «El protocolo es el mismo. De hecho, lo validaron hace menos de un mes. En Ferraz, el uso del espray de defensa de los agentes estaba bien, pero ahora no. ¿Qué ha cambiado?», critican.

«Los agentes no salen a la calle a agredir a nadie; salen a restablecer el orden cuando un grupo violento decide pisotear los derechos del resto de los ciudadanos. Pretender hacer creer que la violencia se combate sin medios es una irresponsabilidad absoluta que pone en riesgo directo la vida de nuestros policías», censuran fuentes de los mandos de la Policía. Ahora, la retirada de los agentes químicos de dispersión, prosiguen, obliga a los antidisturbios a recurrir a medios contundentes de contacto directo, como las defensas extensibles, lo que aumenta el riesgo de lesiones tanto para los manifestantes como para los propios agentes, y que el balance de heridos sea posiblemente mayor. En cualquier caso, Interior no ha prohibido el uso de botes de gas ni de pelotas de goma.

El enfado en la cúpula policial se escenificó el pasado viernes, durante el 50.º aniversario de la Unidad Área de la Policía Nacional, presidido por el rey Felipe VI, y al que acudió el ministro Grande-Marlaska, el director del Cuerpo, Francisco Pardo, y el director adjunto operativo (DAO), el comisario principal José Luis Santafé Arnedo, entre otros mandos policiales. Fuentes presenciales destacan el «gesto serio» que el titular del Interior mantuvo durante todo el evento, que solo duró unos 30 minutos y en el que no se le vio intercambiar palabra prácticamente con ningún mando. «Fue llamativo que apenas se aplaudió el discurso. De la Junta de la Policía solo asistió la mitad de altos mandos», aseguran estas mismas fuentes.

La decisión de limitar operativamente a las UIP ha tocado de cerca al DAO, habida cuenta de que fue mando durante varios años en la unidad antidisturbios, al igual que su predecesor, José Ángel González, que dimitió por la presunta violación a una subordinada. El puesto de director adjunto operativo, que en la práctica supone ser el número dos de la Policía Nacional, suele recaer en mandos con una amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad ciudadana. De ahí que cualquier decisión que afecte al funcionamiento de estas unidades tenga una especial sensibilidad dentro de la cúpula policial.

«Había muy malas caras, menos en el caso del Rey, que estaba sonriente. La tensión podía palparse. Era una pompa fúnebre», advierten mandos presentes en el acto de la Unidad Aérea. «Venimos de meses con presiones por los informes de los casos Zapatero y Ceuta; y ahora que si expedientes a agentes por la manifestación. Hay mucho enfado. Al final la culpa siempre la tiene la Policía», critica otra fuente. Otra de las escenas que sorprendió a los asistentes fue el poco contacto que mantuvieron el ministro y el director, Paco Pardo. Una prueba más de una relación que se ha ido deteriorando, sobre todo desde el verano, tras el polémico informe policial sobre el papel de Marruecos en la avalancha masiva de Ceuta.

La Dirección de la Policía fue la que hace menos de un mes dio luz verde a un nuevo protocolo que blindaba y ampliaba el uso de gases lacrimógenos y levantaba antiguas limitaciones operativas, como emplearlo en espacios cerrados. El documento, firmado el pasado 19 de octubre por el subdirector general de logística y director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, sustituye a la normativa vigente desde 2013 y justifica la extensión de estos agentes químicos basándose en el endurecimiento de la conflictividad en las calles y contra las fuerzas de seguridad.

«Dado que la delincuencia en España es cada vez más violenta y las agresiones a policías se incrementan paulatinamente, como reflejan las estadísticas del Ministerio del Interior, produciéndose un grave deterioro del principio de autoridad, la Dirección General de la Policía ha determinado ampliar la distribución y asignación del espray [sic] de defensa personal a otras unidades», señala el texto.

Hasta la aprobación de esta normativa, los esprays de gas pimienta se asignaban principalmente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, sobre todo a los antidisturbios. Este nuevo protocolo, sin embargo, consolida dos formatos del modelo Rass Stream 88: uno de dotación individual (MK3, de al menos 50 mililitros) y otro denominado MK9, de dotación colectiva y con una capacidad igual o superior a los 400 mililitros, diseñado con empuñadura tipo pistola y pensado específicamente para intervenciones de orden público.

Enrique Recio (Calatayud, Zaragoza, 1995) es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó en el diario El Mundo en… Ver más

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