La quiebra que pagamos todos: claves para comprender la deuda externa

El Ejecutivo busca renegociar la deuda externa bajo un absoluto hermetismo. Frente al discurso de un «proceso ordenado», expertos analizan el impacto de compromisos financieros que se estima que rondan los 170 mil millones de dólares

A mediados de mayo de 2026, el gobierno de Delcy Rodríguez informó que estaba llevando a cabo «un proceso integral y ordenado» de la reestructuración de la deuda pública externa y de Pdvsa. Semanas después de aquel anuncio, las autoridades todavía no dan detalles sobre montos, plazos o condiciones específicas de la negociación.

Ante la falta de respuestas oficiales, economistas y organizaciones independientes han tenido que armar el rompecabezas de una deuda con esteroides. Se trata de una factura histórica que se termina pagando en la calle con el colapso de la calidad de vida.

Para entender la dimensión del problema, hay que rebobinar la película. En 1998, la deuda externa de Venezuela rondaba los 25.000 millones de dólares. Al cierre de 2024, la cifra escaló hasta un estimado de 164.432 millones de dólares, según refleja el informe «Saldar la deuda. Salvar Venezuela», publicado por la ONG Transparencia Venezuela en 2024, lo que representa un crecimiento de casi siete veces su tamaño original.

«Existía ya el precedente del primer boom petrolero de los 70, cuando con la pretensión de construir la ‘gran Venezuela’ y la idea de que con muchos ingresos petroleros es posible conseguir préstamos porque se supone que se van a poder pagar en el futuro, se incurrió en un endeudamiento masivo y desordenado. Lo que ocurrió del año 2002 a 2012 fue un boom petrolero extraordinario, pero esa abundancia de recursos no fue suficiente para el gobierno de Hugo Chávez, que procedió no solo a endeudar a la República, sino también a Pdvsa», explica el economista Ronald Balza.

El experto considera que la bonanza petrolera hacía que los prestamistas internacionales aprobaran créditos a ojos cerrados, sin revisar si el país podría pagar. Y en vez de financiar la capacidad productiva de la estatal, lo que habría permitido pagar la deuda con sus propios resultados, el dinero financió gastos ocultos. Esto llevó a liquidar los fondos de ahorro y las reservas internacionales, provocando que el país «pasara de tener ahorros a tener deudas que nunca estuvieron bien justificadas», señala. De acuerdo con el documento de Transparencia Venezuela, el Fondo de Estabilización Macroeconómica pasó de tener 2.857 millones de dólares en 2002 a solo tres millones en 2011.

A este desajuste se sumó una clara intención política. Según analiza la economista e investigadora Christi Rangel, los gobiernos de Chávez y Maduro usaron el endeudamiento para atrincherarse en el poder y beneficiar a sus aliados. Con planes sociales sin control y la expropiación de cientos de empresas que terminaron quebradas por manejarse con criterios de partido, se creó una carga demasiado pesada. Además, los recursos se derrocharon en interminables campañas electorales y en propaganda internacional. Y todo esto pasó sin que las instituciones encargadas de auditar, como la Contraloría de la República, hicieran algo al respecto debido al control del Ejecutivo.

Toda esta falta de controles institucionales abrió paso a lo que el economista Manuel Sutherland califica como una «tríada sumamente destructiva» en materia económica: la asignación discrecional de divisas a través del control de cambio, una severa sobrevaluación de la moneda mientras se imprimían bolívares sin respaldo, y el mantenimiento de tasas de interés negativas. Esta distorsión alimentó un enorme mercado paralelo y un esquema de arbitraje cambiario que enriqueció a funcionarios gubernamentales, derivando en un masivo fraude de importaciones y en la mayor fuga de capitales de la historia del país.

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La deuda externa venezolana no es un bloque homogéneo, sino una red de compromisos dispersos difícil de rastrear debido a la opacidad del Estado. Según los datos recopilados por Transparencia Venezuela y la información que manejan los expertos, esta se divide formalmente en dos grandes vertientes:

Deuda Financiera (58% del total): Asciende a por lo menos 95.300 millones de dólares. Está conformada por los bonos emitidos por la República, por Pdvsa y por la Electricidad de Caracas (Elecar). Estos títulos están dispersos en manos de miles de acreedores particulares, fondos de pensiones, compañías de seguros y los denominados «fondos buitre».

Deuda No Financiera (42% del total): Ronda los 69.131 millones de dólares. Incluye los préstamos bilaterales, siendo el principal China con unos 16.916 millones de dólares pendientes, seguido por Rusia e Irán. También engloba las deudas con organismos multilaterales (como el Banco de Desarrollo de América Latina), deudas no liquidadas con contratistas de servicios petroleros y dividendos no pagados a socios de empresas mixtas (como Chevron). Igualmente, destacan las demandas y laudos arbitrales perdidos en cortes extranjeras debido a las políticas de expropiación y rupturas unilaterales de contratos llevados a cabo por el chavismo, que le han costado a la nación entre 20.000 y 30.000 millones de dólares.

El informe de Transparencia Venezuela estima que cada venezolano debe aproximadamente 5.788 dólares. Pero más allá de los números, la deuda externa tiene un impacto directo y nocivo sobre la vida diaria de los ciudadanos.

«Cada dólar que se pide y no se paga, termina en paraísos fiscales de multimillonarios del gobierno y deriva en la imposibilidad de comprar insumos para hospitales, para apoyar a la producción industrial, empobrece directamente a las personas con menos salarios y la eliminación de las prestaciones sociales. Es una espiral nociva», detalla Sutherland.

Al respecto, el economista Ronald Balza advierte que el colapso en la calidad de vida es el resultado de una cadena de políticas fiscales desastrosas que resultaron en escasez de bienes y servicios, control de precios y una gran hiperinflación.