Frente al anuncio del Gobierno nacional de avanzar con un esquema de concesión privada sobre más de 9.000 kilómetros de rutas, el diputado Nacional, Diego Giuliano, presentó un proyecto en rechazo a esta decisión, que afectaría a la Ruta Nacional N° 33 y la Avenida Circunvalación de Rosario, trasladando con peajes, el costo de las obras y mantenimiento, a usuarios y sectores productivos, manteniendo el impuesto a los combustibles.
El estado nacional, mediante el debilitamiento en recursos humanos y presupuestarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), somete a concesión alrededor de 9300 (nueve mil trescientos) kms de rutas nacionales, excluyendo más de 30000 (treinta mil) kms de un plan de mantenimiento, ampliación y reparación integral. Esto trae aparejado, que los costos y riesgos, sean transferidos a ciudadanos y sectores productivos.
En ese sentido, Giuliano presentó un proyecto con el objetivo de expresar el rechazo frente a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de avanzar en un esquema de concesión privada de corredores viales estratégicos, entre ellos la Ruta Nacional N° 33 y la Avenida Circunvalación de Rosario.
“Las rutas que ingresan en los procesos de concesión son, en general, las de mayor circulación, las vinculadas a los corredores productivos y a los accesos metropolitanos”, expresó el diputado Nacional.
Sin embargo, la enorme mayoría de la red nacional que permanece fuera de las concesiones, corresponde a rutas de menor densidad vehicular, corredores del interior profundo, conexiones regionales del Centro, el Gran Cuyo, NOA, NEA y la Patagonia, tramos que requieren fuertes inversiones de mantenimiento y conservación, y que quedan en total abandono.
Frente a esto, la pregunta central que se hace Diego Giuliano, es: “¿Quién se hará cargo de esa Argentina necesaria, del país federal? ¿O esperan que todos nos vayamos a vivir a Caba?. Porqué, aun cuando el Estado avance con concesiones sobre más de 9.000 kilómetros, seguirá teniendo bajo su responsabilidad más de tres cuartas partes de la red vial nacional. Y precisamente se trata de los sectores que no les interesan a los privados".
“El Gobierno Nacional, debe indicar el destino de los montos provenientes del impuesto a los combustibles, los derechos de exportación y el ajuste fiscal implementado, si no lo va a utilizar para el transporte y la conectividad vial”, enfatizó.
Luego, subrayó: “Santa Fe es una provincia que contribuye decisivamente al sostenimiento fiscal del país. La Ruta Nacional N° 33, por ejemplo, es uno de los principales corredores productivos de la Argentina, conectando regiones agrícolas e industriales de enorme relevancia con el complejo portuario del Gran Rosario, nodo central del comercio exterior argentino. La Avenida Circunvalación de Rosario, resulta vital para la movilidad metropolitana, la logística regional y la seguridad vial del Gran Rosario”.
En ese sentido, manifestó que: “La provincia de Santa Fe realiza un aporte determinante a la economía argentina. El Gobierno de la Provincia de Santa Fe debe asumir una posición activa en defensa de los intereses santafesinos; deben realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno de Milei, para garantizar inversiones reales en infraestructura vial, resguardar la seguridad, y evitar que el costo, mediante peajes, recaiga exclusivamente en la gente”.
